Las personas con discapacidad piden cambiar el término “disminuidos” de la Constitución

En el Día Internacional y Europeo de este colectivo, el Cermi reclama que se reforme el artículo 49 de la Carta Magna para “desterrar” esta expresión “hiriente e insostenible”

Juan Pérez, presidente del Cermi Castilla y León
Juan Pérez, presidente del Cermi Castilla y León FOTO: Ical La Razón

El Comité español de representantes de personas con discapacidad en Castilla y León, CERMI, pide consenso para reformar el artículo 49 de la Constitución, para que se garantice su inclusión, participación y bienestar sin discriminaciones y desterrar expresiones “hirientes e insostenibles” para referirse a estos ciudadanos, como el término “disminuidos”.

Conmotivo del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad que se celebra este viernes 3 de diciembre, el presidente de CERMI en la Comunidad, Juan Pérez Sánchez, destaca la necesidad de que todos los partidos políticos den su apoyo “sin fisuras” a la renovación de este artículo.

“Ni la terminología empleada ni el contenido están alineados con la visión plena de derechos humanos, que es el único abordaje admisible en relación con la discapacidad”, apunta, en declaraciones recogidas por Efe.

Esta es la principal reivindicación que la plataforma de la discapacidad resalta en un manifiesto publicado con motivo de la celebración del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, que se conmemora cada 3 de diciembre, según ha informado CERMI en un comunicado.

En este sentido, David Manjón de ASPACE Salamanca, Mar Matías de PREDIF y Raúl Negro de Fundación INTRAS recuerdan que la Constitución Española de 1978, en vigor actualmente, incorporó expresamente a las personas con discapacidad en el artículo 49, lo que supuso “un gran avance” en cuanto a la visibilidad que otorgaba al movimiento de la discapacidad y a la promoción y protección constitucional de sus derechos.

Sin embargo, lamentan que, tras cuarenta años, la Carta Magna no haya actualizado su mirada sobre las personas con discapacidad, ya que, de hacerlo, “se mejora a sí misma y ahonda y extiende sus principios, valores y mandatos”.

”Las personas con discapacidad han de tener reflejo en las Constituciones desde un enfoque exigente de derechos humanos, que garantice su inclusión, participación y bienestar sin discriminaciones ni relegaciones de ningún tipo”, se apunta en el texto.

Pérez advierte que la reforma propuesta, que ha sido “ampliamente” debatida, destierra expresiones “hirientes e insostenibles” para referirse a las personas con discapacidad, como, por ejemplo, el término “disminuidos”.

Así, señala que dota de un nuevo contenido al artículo “con arreglo a los conceptos, valores y propósitos que hoy configuran un entendimiento y práctica apropiados de los derechos y deberes de las personas con discapacidad, mencionando expresamente a las mujeres y niñas con discapacidad”.

La reforma del artículo 49 de la Constitución Española, la primera “nítidamente social”, debe tramitarse “con el mayor de los consensos políticos y sociales”, ha demandado CERMI Castilla y León, ya que los derechos de las personas con discapacidad constituyen un “elemento compartido” de las sociedades democráticas avanzadas “que sirven para superar las disputas y las fracturas tan extendidas en la vida política”.

El proyecto de reforma llegó a las Cortes Generales en primavera y espera ser debatido y tramitado en los próximos meses, si reúne las mayorías suficientes.

En este contexto, el CERMI ha pedido a todos los partidos políticos y, en especial, a “aquellos que han mostrado reticencias”, a que se sumen a la primera reforma del texto constitucional “que viene de la mano de las personas con discapacidad y de sus familias” y cuyo objetivo es “hacer de nuestro país un proyecto más sugestivo y decente de vida en común”.

La aprobación de esta reforma con los consensos necesarios permitiría que el clamor ciudadano que ha alentado esta reforma, “que eleva la calidad del texto constitucional y su nivel de exigencia ética, política y jurídica”, se viera acompañado por todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria mediante la expresión de un apoyo “firme y claro”.