La Junta homenajea a las víctimas del terrorismo con un monográfico de la Revista Jurídica de Castilla y León

La Junta rinde homenaje a las víctimas del terrorismo con un monográfico de la Revista Jurídica de Castilla y León. Así lo destacó el consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, durante la presentación del número 57 de esta publicación.

Antes de informar sobre la Revista, Carnero quiso tener un recuerdo con José Ortega Lara, en el día que se cumplía el 25 Aniversario de su liberación, y señaló que el recuerdo a las víctimas del terrorismo es una obligación de toda la sociedad y argumentó que con los más 1.400 asesinados por ETA, así como lo más de 4.900 heridos y el sinfín de amenazados, exiliados y damnificados por los violetos, no cabe el olvido.

Asimismo, indicó que que la sociedad debe tener siempre presente aquel “dolor”, ya que de esta forma “haremos que la protección de las víctimas sea siempre algo actual”.

En un acto en el que estuvo acompañado por el presidente de la Asociación de la Víctimas del Terrorismo (AVT) de Castilla y León, Sebastián Nogales, el consejero de la Presidencia también afirmó que “la rehabilitación completa, real y plena de las víctimas” requiere un apoyo multidimensional a largo plazo por parte de las administraciones que incluya medidas físicas, psicológicas, normativas, sociales y financieras, por lo que señaló que con este número, “tanto la Junta, como los consejeros director y asesor, quieren aportar su granito de arena”.

En cuanto a la Revista Jurídica recordó que se creó el 20 de febrero de 2003, hace ya casi 20 años, bajo el convencimiento de la importancia social y educativa de `la promoción del conocimiento´, bajo la aplicación de los principios de libertad de pensamiento y expresión, sobre todo tratándose de una revista científica”.

A partir del año 2012 la publicación pasó a tener un formato electrónico, permitiendo con ello mayor acceso al lector en general, y fundamentalmente al lector especializado y a las plataformas de consulta jurídica, que la ha llevado a alcanzar más de 1.600 suscriptores permanentes, encontrándose en las principales bibliotecas jurídicas de las distintas administraciones, instituciones y entidades implicadas en el mundo del derecho, y que, con la presentación de hoy, completa el número 57. En ella se expusieron hasta este momento 421 trabajos de investigación de gran calidad jurídica.

Sobre el monográfico, Carnero insistió en que “contribuye al necesario reconocimiento de las víctimas del terrorismo frente a la situaciones y padecimientos sufridos”. A su vez, remarcó que “durante los últimos decenios y en el panorama europeo, España ha destacado, lamentablemente, por la execrable cuestión del terrorismo y, con ello la obligación ética y jurídica de su necesario reconocimiento”.

El consejero de la Presidencia también indicó que se han tenido en cuenta las políticas públicas de reconocimiento y protección y el análisis comparado de las diversas medidas adoptadas a nivel estatal y autonómico, junto a la necesaria cooperación jurídica internacional en el seno de la Unión Europea que ha propiciado medidas frente al terrorismo y, particularmente, a su financiación.

Tras la intervención de Jesús Julio Carnero, el director de los Servicios Jurídicos de la Junta, Luis Miguel González Gago, presentó la Revista y a los autores de los principales artículos que protagonizan el monográfico. El abogado Santiago Milans del Bosch, defiende en su texto que los más de 370 asesinatos etarras aún sin resolver no pueden prescribir por cuanto el delito de pertenencia a banda terrorista es permanente, y en el que también hace referencia a un reciente informe del Parlamento Europeo en el que la institución europea admite el posible reconocimiento de los crímenes de ETA como crímenes contra la humanidad.

Además, por videoconferencia participó el fiscal del Tribunal Supremo José Miguel de la Rosa Cortina, que argumentó que derechos fundamentales como la libertad de información o expresión nunca puede ser utilizados para humillar a las víctimas.

Por su parte, el magistrado de Vigilancia Penitenciaria número uno de Castilla y León, Florencio de Marcos Madruga, argumentó el acierto de la política de dispersión y alejamiento de presos aplicada desde 1989, además de considerar que son medidas que no afectan a ningún derecho fundamental recogido en la Constitución.

Mientras tanto, Luis Heredero Ortiz de la Tabla, funcionario del Cuerpo Superior de la Junta, argumenta en su artículo que toda política pública de protección a las víctimas del terrorismo debe tener como premisa el desarrollo de las actuaciones derivadas de la “memoria, dignidad, justicia y reparación”, que conllevan salvaguardar y mantener vivo su reconocimiento. Además, también argumenta que aunque España vaya muy por delante de la UE en el reconocimiento legal de las víctimas, todavía hay aspectos que mejorar como la reforma del régimen penal que evite actos de humillación de las víctimas y enaltecimiento del terrorismo, o la incorporación de un régimen de infracciones y sanciones administrativas.

Por último, Isidoro Blanco Cordero, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Alicante, pone el acento en su artículo en el blanqueo de capitales procedentes del terrorismo, planteando que por la amplitud actual de las vías de blanqueo, ha perdido su sentido mantener hoy en día el delito de receptación en el Código Pena.

El acto lo cerró Sebastián Nogales quien agradeció los diferentes actos que está llevando a cabo la Junta de Castilla y León, tan importantes como la firma del protocolo con las universidades públicas o esta Revista, así como que “nos estéis acompañando en estos momentos, mientras que otros están intentando blanquear la realidad”.