Las elecciones de mayo auguran un buen 2023 para la obra pública

El próximo 28 de mayo, los habitantes de Castilla y León están llamados a las urnas para elegir a sus alcaldes. Unos comicios que se han considerado como una primera vuelta de las Generales y que, en principio, serán a finales de año si ante Pedro Sánchez no decide adelantarlas en función de lo que vayan marcando los sondeos o en función de una hecatombe en las municipales y autonómicas -en Castilla y León no- de mayo..

Y como suele ocurrir en cada año con elecciones a la vista, los contratistas se frotan las manos por cuanto suelen ser ejercicios en los que se disparan las licitaciones de obra pública entre las tras administraciones, la nacional, regional y local, que riegan de millones de euros las inversiones en infraestructuras otrora menos importantes pero que ahora, en la búsqueda del voto, recuperan su trascendencia para los políticos.

Tal es así, que la previsión de licitación podría superar en este año recién comenzado los 1.600 millones de euros, tras analizar los presupuestos del Estado, la Comunidad y las entidades locales. Una cifra que, de cumplirse, sería excepcional, puesto que habría que remontarse a más de una década para ver algo similar. Lo que confirma una tendencia al alza en los últimos años, después de que en 2021, en plena pandemia, la licitación de obra pública se disparara un 53 por ciento en Castilla y León y alcanzara los 1.376 millones de euros, frente a los 899 de 2020.

Si bien, y a pesar de este aumento de las inversiones que se prevén, todavía están lejos del “techo mínimo” de 2.500 millones que reclaman de forma histórica los contratistas de Castilla y León., y mucho más si cabe de aquel “utópico” 2009 en el que la Comunidad superó los 4.500 millones, en una cifra más que histórica.

Un buen 2023, por tanto el que se avecina para los contratistas, al que habría que sumar, además, el maná de los deseados fondos europeos, que aún no han terminado de caer pero que están llamados a dinamizar la economía, en general, y el sector de la obra pública, en particular.

Por ello, los contratistas instan a las administraciones que agilicen la gestión de esos recursos europeos para que puedan traducirse en inversiones lo más pronto posible.

“Creemos que este año nos irá bien lo que se traducirá enempleos y dinamismo económico en la Comunidad.”, asegura Enrique Pascual, el presidente de la Cámara de Contratistas de Castilla y León, en declaraciones recogidas por Ical, en las que se muestra también convencido de que las constructoras podrán afianzar su creciente volumen de trabajo tras el parón por la pandemia del coronavirus.

Unas estimaciones que empresas planifican su actividad el próximo ejercicio, así como sus contrataciones para adaptar la plantilla al ‘tajo’ disponible y las apuestas por unos proyectos u otros.

En cuanto al ejercicio del año 2022 recién terminado, los contratistas están satisfechos por cuanto estiman que la cifra de licitación rondará los 1.500 millones, lo que supondría un nuevo crecimiento, esta vez del 8 por ciento respecto al 2021, y consolidarse en unas cifras similares a las que había antes de la covid.

La Junta de Castilla y León es la que ha llevado el peso inversor en este 2022 en materia de obra pública, a diferencia de la Administración Central, que ha reducido su aportación a la licitación de obras respecto al 2021.