La Consejería de Sanidad aclara que se mantiene el protocolo para embarazadas: “No hay ningún cambio”

La Consejería de Sanidad aclaró hoy que el protocolo que se aplica en Castilla y León para la asistencia de las mujeres embarazadas se mantiene igual que estaba hasta ahora. “No hay ningún cambio”, desde el departamento de Alejandro Vázquez en declaraciones a Ical tras las medidas anunciadas por el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, al término del Consejo de Gobierno.

En ese sentido, desde la Consejería de Sanidad, en manos del PP en el ejecutivo de coalición con Vox, insistieron en que el protocolo para las mujeres embarazadas que siguen los profesionales se mantiene en la Comunidad al tiempo que negaron la existencia de “listas negras” de objetores de conciencia, ya que aclararon que es un registro declarativo, no constitutivo, de forma que un sanitario puede ser objetor sin estar inscrito como tal.

De esta forma, desde Sanidad marcaron distancia y matizaron algunas cuestiones expresadas por García-Gallardo, ya que remarcó que la posición de la Consejería se ajusta al cumplimiento del pacto PP y Vox en relación al fomento de la natalidad. “No se crea nada nuevo, se mantiene el protocolo”, precisaron.

Así, la asistencia psicosocial planteada por García-Gallardo para las mujeres embarazadas que se planteen abortar, Sanidad indicó que la atención se ofrece a todas las pacientes que lo precisen, sea cual sea su decisión, siempre que la matrona detecte que puede existir un problema de salud mental que deba ser tratado por un psicólogo clínico.

Por tanto, las ecografías en cuatro dimensiones, que se realizan en todos los hospitales excepto en Segovia y Ávila, se seguirán ofreciendo en el último trimestre del embarazo, pero bajo criterio médico si el ginecólogo determina que esta prueba puede servir para detectar malformaciones o alguna enfermedad, en ningún caso con el objetivo de que la madre pueda ver el rostro del feto.

También, en relación a las ecografías para escuchar el latido del corazón, Sanidad indicó que se mantendrán, pero a partir de la semana 12 de embarazo y bajo petición médica, puesto que al inicio del mismo podría no detectarse pese a tener un positivo en un test.

Respuesta del Gobierno

El Ministerio de Igualdad calificó de “coacción” la nueva medida antiaborto del Gobierno de Castilla y León que obligará a los médicos a ofrecer a las mujeres que quieran abortar escuchar el latido fetal y ver una ecografía 4D antes de que se les practique la interrupción voluntaria del embarazo.

Además, en su perfil de Twitter, la ministra Irene Montero cuestionó las políticas en esta materia del Ejecutivo autonómico de Castilla y León. “Lo llaman moderación, por no decir arrebatar derechos a las mujeres. Estas son las alianzas de Feijóo. Esto es el PP”, añadió.

Fuentes del Ministerio de Igualdad manifestaron que están “profundamente preocupadas” por esta propuesta del Gobierno de Castilla y León, impulsada por el vicepresidente de la misma, Juan García-Gallardo, de Vox, medida que aseguran ven como “un retroceso” en un “derecho esencial para las mujeres, el derecho al aborto, que es un hito en la lucha feminista de nuestro país”.

Las mismas fuentes denunciaron que “las medidas propuestas por el señor Gallardo podrían constituir una vulneración del derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, ya que coartan su capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos, poniendo en riesgo su salud y devolviéndolas a situaciones de inseguridad sanitaria y de dificultades de acceso a una atención eficaz”.

“Las propuestas planteadas por Vox pueden, en la práctica, suponer coacciones a las mujeres a la hora de poder decidir sobre la interrupción voluntaria del embarazo, y también a los sanitarios y sanitarias en el ejercicio de sus funciones, y además podrían implicar una desigualdad entre territorios que obligaría a las castellano leonesas a tener que trasladarse muchos kilómetros lejos de sus residencias para ejercer un derecho”, denunciaron.

Además, añadieron que la medida “es una reacción machista al avance normativo que significa en España la aprobación en el Congreso el pasado mes de diciembre de la Ley de Salud sexual y reproductiva, una ley que devuelve la capacidad de decidir de forma autónoma a las mujeres de 16 y 17 años, elimina los tres días de reflexión que antes eran obligatorios, y blinda la sanidad pública como referencia para la interrupción voluntaria del embarazo en igualdad de condiciones en todo el territorio español. Es una norma que además garantiza la educación sexual y la salud menstrual como derecho y que recoge las demandas sociales y de profesionales para garantizar esta conquista”.