El 24 % de la población en Castilla y León, 574.000 personas, vive en riesgo de pobreza y exclusión social

Con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla y León (EAPN CyL) ha presentado, en el Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León, el XV Informe El Estado de la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla y León, elaborado por EAPN España a partir de los últimos datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (INE).

El presidente de EAPN Castilla y León, Óscar Castro, ha agradecido la colaboración del Consejo Económico y Social y ha subrayado que “la lucha contra la exclusión social no es solo una labor de solidaridad, sino un imperativo global de derechos humanos”

Castro recordó que la red está integrada por 25 entidades sociales, con más de 20 años de trabajo conjunto para garantizar derechos, acompañar a las personas en situación de vulnerabilidad y fortalecer la cohesión social en la Comunidad.

Una radiografía social que invita a la acción conjunta

El informe revela que el 24 % de la población de Castilla y León —unas 574.000 personas— se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social.

· La pobreza severa desciende levemente, situándose en el 8,4 %.

· El riesgo de pobreza y/o exclusión social en la población infantil alcanza el 31,8 %, lo que convierte a la infancia en el grupo más afectado por la exclusión. Mientras que entre la juventud (18–29 años), la tasa asciende al 25,6 %, evidenciando la dificultad de emancipación y acceso a un empleo estable.

· La brecha territorial se mantiene: el 30 % de la población del medio rural vive en riesgo de pobreza, frente al 20 % en zonas urbanas.

· La brecha de género persiste: las mujeres presentan peores resultados que los hombres en la mayoría de los indicadores.

· Sin la intervención de las administraciones públicas, la pobreza alcanzaría al 45,7 % de la población.

Estos datos, según Castro, “nos muestran que las políticas públicas de inclusión están teniendo un impacto positivo, pero debemos seguir reforzándolas y adaptándolas a las nuevas realidades sociales”.

“La pobreza no es solo una carencia de recursos: es una consecuencia de la desigualdad en la distribución de la riqueza”, añadió.

Desde EAPN Castilla y León se defiende la necesidad de avanzar hacia un sistema integral que garantice rentas dignas y continuas a lo largo de todo el ciclo vital —desde la infancia hasta la vejez—, así como el acceso a una vivienda adecuada, a un empleo digno, a la educación inclusiva y a unos servicios sociales accesibles y cercanos. En palabras de Óscar Castro: “No basta con que la economía crezca; necesitamos que crezca con equidad. La justicia fiscal es un elemento esencial para garantizar la sostenibilidad de los derechos sociales y el bienestar colectivo”.

El Pacto Social por las Familias: un compromiso compartido

Desde EAPN CyL se ha destacado el valor del Pacto Social por las Familias de Castilla y León, firmado a comienzos de este año entre la Junta y las entidades del Tercer Sector. Este acuerdo —— “es una oportunidad para reforzar la colaboración entre administraciones y entidades sociales, y construir una red de apoyo sólida para las familias que más lo necesitan”. Y se ha insistido en que “es importante seguir avanzando en el desarrollo del Pacto y dotarlo de la ambición y los recursos necesarios para alcanzar sus objetivos”.

El presidente de EAPN CyL subrayó que este acuerdo refleja la voluntad de cooperación entre la Administración y el Tercer Sector en el ámbito de la inclusión, y que debe convertirse en una herramienta clave para garantizar ingresos suficientes, vivienda, educación y empleo inclusivo para todas las familias y personas de Castilla y León.

Una tarea colectiva y un compromiso ético

En la clausura del acto, Castro recordó que “la lucha contra la pobreza y la exclusión social no puede depender únicamente de los programas o las estadísticas: es una tarea colectiva que nos concierne a todos”.

Reivindicó la necesidad de mantener la cooperación entre entidades sociales, administraciones públicas, sindicatos, universidades, empresas y medios de comunicación, y concluyó que “una sociedad más igualitaria es una sociedad más fuerte, más innovadora y más rica en todos los sentidos”.

Por su parte, el presidente del Consejo Económico y Social (CES) en Castilla y León, Enrique Cabero, reconoció que la pobreza y la exclusión social son los problemas “más graves” del Estado Social y Democrático de Derecho. “Algo falla cuando existen cifras tan elevadas y los poderes públicos y la sociedad deben corregirlo”, señaló. Apostó por implantar medidas públicas para erradicarlas, tras comprobar que las tasas de pobreza se “resisten” pese a la mejora de la economía. “El crecimiento no está siempre vinculado a una distribución, con equidad, de la renta y hay que actuar en la garantía de los ingresos mínimos, prestaciones sociales y servicios públicos que contribuyen a la mejora de esta situación”, concluyó.