Castilla y León contará con "oficinas antiocupa" para combatir la “senda creciente” de este problema y garantizar el derecho a la propiedad privada

La Junta de Castilla y León sigue dando pasos hacía adelante para dar soluciones a los problemas que afecta a la ciudadanía. El Gobierno que preside Alfonso Fernández Mañueco implantará "oficinas antiocupa" para combatir la "senda creciente" de este fenómeno y garantizar el derecho a la propieda privada. Así lo señaló eel consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, tras suscribir un convenio de colaboración con el Consejo General de la Propiedad Urbana de la Comunidad para impulsar estas instalaciones en las nueve provincias de la Región.

Al respecto, recordó que Castilla y León ha pasado de registrar 125 casos de ocupación denunciados en 2016, a contar con 205 en 2021, último año con cifras disponibles. Este problema, indicó, se está produciendo también en el conjunto del país, donde se ha pasado de 9.998 denuncias en 2016 a alrededor de 17.000 en 2022.

Estas oficinas comenzarán a funcionar el próximo lunes 22 de mayo en las sedes provinciales del Consejo, y la “puerta de entrada” a este servicio será el teléfono de atención telefónica 012, que trasladará cada caso que requiera atención de personal especializado a las oficinas pertinentes, donde los afectados podrán recibir “información, asesoramiento y apoyo”, incluida la posibilidad de denunciar los hechos que sean constitutivos de delito ante las fuerzas y cuerpos de seguridad. “Queremos que las personas que sufren de forma directa e indirecta este fenómeno no se encuentren solas, sino amparadas por la Junta a través de esta red de oficinas”, afirmó Suárez-Quiñones

El convenio, que estará vigente los próximos cuatro años y puede ser prorrogado por otros cuatro, es, a juicio del consejero, es “muy útil”, ya que "las estructuras de ambas instituciones confluimos para informar ante la alarma social que genera este fenómeno, con un creciente número de denuncias por hechos constitutivos de delito, de usurpación o allanamiento de morada, y constituyen infracción penal en nuestro ordenamiento jurídico”, y subrayó que lo que pretenden es “prevenir y atacar estas conductas”.

Además, explicó que esta medida busca también trazar una “radiografía muy completa” de la variada tipología de estos delitos que se produce, “tanto por parte de quien ocupa como de quien es ocupado”. “Actualmente no hay una estadística oficial que permita recabar catos como si la propiedad de los inmuebles ocupados es de particulares o de fondos de inversión, y a través de estas oficinas intentaremos elaborar un perfil completo”, deslizó. A este asesoramiento, según informó, podrán acceder “no solo los propietarios, sino vecinos o familiares de un mayor que sea titular”. “El interés legítimo también será una puerta abierta de acceso a este servicio”, aseguró.

Asimismo, el presidente del Consejo General de las Cámaras de la Propiedad Urbana de Castilla y León, Ángel Merino, explicó que desde su entidad están “preparados para evitar que en Castilla y León se pueda replicar el caos que están sufriendo otras comunidades autónomas, con barrios enteros okupados”. “Tenemos un equipo de abogados muy buenos, colaboramos hace mucho tiempo con la Junta en materia de vivienda y estamos a disposición para que la gente reciba toda la información precisa en los casos que requieran asesoramiento o intervención judicial. Queremos que no se produzcan casos de este tipo, y tenemos los medios y gente experta para conseguirlo”, sentenció.

Las Cámaras de la Propiedad Urbana de la Comunidad se comprometen a prestar, desde sus dependencias y con su personal, un servicio de información y asesoramiento en materia de ocupación ilegal de viviendas. Facilitará toda la información y asesoramiento que solicite en relación con la prevención, la actuación inmediata, en su caso, y las actuaciones posteriores en caso de ocupaciones ilegales en curso.

Por su parte, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio se compromete a confeccionar, facilitar y compartir con las Cámaras de la Propiedad Urbana de Castilla y León la normativa, documentación informativa, datos estadísticos y demás información de interés necesaria para la prestación del servicio de información. Este contenido y el proporcionado por las oficinas de información se incorporará a la página de Vivienda de la web oficial de la Junta de Castilla y León, con el viernes 26 de mayo como fecha límite. Además, el convenio contempla la obligación del Ejecutivo autonómico de facilitar sus instalaciones para la celebración de actos informativos, jornadas y congresos organizados por el Consejo General, informa Ical.