Política
Castilla y León destinará más de 50 millones para construir 1.120 viviendas de alquiler social
Los pisos serán principalmente para la población joven
La Junta de Castilla y León dedicará más de 50 millones de euros, la mayor parte procedente de los fondos Next Generation de la Unión Europea, para la construcción de un total de 1.120 viviendas destinadas para el alquiler, fundamentalmente para población joven, en las nueve provincias de la Comunidad.
Así lo anunció el portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que avanzó que 48,8 millones de euros irán destinados a la construcción de 1.100 viviendas en todas las provincias a excepción de Salamanca, cuyo Instituto de la Vivienda recibirá 1,8 millones de euros de fondos propios de la Administración regional para complementar la financiación europea.
Y es que, como explicó Fernández Carriedo, al tener Salamanca su propio Instituto de la Vivienda, ya se firmó por parte del Ayuntamiento un convenio para recibir los fondos europeos pertinentes, de manera directa, y ahora lo que aprueba la Junta es la cofinanciación autonómica del plan.
Estos pisos "cohousing" (vivienda colaborativa con espacios comunes), que construirá la Junta, a través de Somacyl, con la cofinanciación de fondos europeos, estarán ubicadas en terrenos titularidad pública de las ciudades de Ávila (40 viviendas), Burgos (268), León (120), Palencia (50), Segovia (100), Soria (40), Valladolid (444) y Zamora (40 viviendas).
En virtud de varios acuerdos firmados los últimos meses por los Gobiernos nacional y autonómico, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next Generation EU, Castilla y León va a ver incrementado el parque público de viviendas para alquiler. Así, a las 1.102 derivadas del acuerdo autorizado hoy por la Junta, hay que añadir otras 103 en la ciudad de Salamanca y 36 en Valladolid –que promoverán directamente los ayuntamientos respectivos–, y que estarán cofinanciadas por ambos municipios y la Junta con cargo a los fondos europeos Next Generation EU.
El "Programa de construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes", dentro del que se inscriben las obras que va a ejecutar Somacyl, prevé la promoción de viviendas de nueva construcción o rehabilitación de edificios no destinados actualmente a vivienda sobre terrenos de titularidad pública para ser destinadas al alquiler o cesión en uso durante un plazo mínimo de 50 años, de acuerdo con las condiciones.
Por otra parte, el Consejo de Gobierno suministrará un mínimo de 2.000 paneles digitales interactivos (PDI) adicionales -‘hardware’ y ‘software’ de 75 pulgadas- a los centros públicos para la transformación de otras 2.000 aulas en Aulas Digitales Interactivas, mediante un contrato que cuenta con un presupuesto de 5,9 millones de euros. Con estas 2.000 nuevas Aulas Digitales se facilita a estudiantes y docentes “nuevas herramientas para modernizar y mejorar el proceso educativo”.
Los nuevos paneles digitales interactivos quedarán totalmente instalados en cada centro y conectados a internet a través de la red del centro educativo, aprovechando a su vez las posibilidades derivadas de la inversión realizada en el Programa Escuelas Conectadas en toda la Comunidad y del proyecto de cableado actualmente en ejecución y sin el cual mucho de este equipamiento no hubiese podido utilizarse.
El suministro de este equipamiento será financiado por la Unión Europea-Next Generation EU, con Fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El contrato, que se adjudicará por procedimiento abierto, tiene un plazo de ejecución de cuatro meses desde su formalización. Su adjudicación está prevista para la segunda quincena de julio.
Las Aulas Digitales Interactivas suponen “un salto hacia adelante” en el desarrollo de las competencias digitales en la educación, incluido el ámbito rural, en todas las provincias. El Ejecutivo entiende que “contribuyen a avanzar en la cohesión económica y social, en tanto mejoran la calidad educativa y la equidad”. Asimismo, explica que “la transformación digital de las Aulas Digitales Interactivas favorece la sostenibilidad del mundo rural y medioambiental, mediante la reducción de traslados de alumnos y profesores o la disminución del consumo de papel, entre otros”.
También dio luz verde a una subvención de 1,62 millones de euros para que las diputaciones de las nueve provincias de Castilla y León lleven a cabo una convocatoria de ayudas para realizar obras de reparación, conservación y mejora en los colegios de Educación Infantil y Primaria de las zonas rurales. Esta partida tiene como finalidad incentivar y cofinanciar actuaciones durante 2023 y el próximo 2024.
Castilla y León cuenta con un pequeño número de unidades escolares situados en edificios de titularidad municipal que imparten Educación Infantil y Primaria (CEIP) en el medio rural. En este contexto, los ayuntamientos no siempre pueden hacer frente con agilidad a las obras de reparación, mantenimiento o conservación.
Por ello, la Consejería de Educación colabora con la conservación y mejora de los centros rurales a través de las diputaciones provinciales, que se repartirán esta subvención. Concretamente, la de León recibirá 300.000 euros; las instituciones provinciales de Burgos, Salamanca y Valladolid, 200.000 euros; 180.000 la Diputación de Zamora; 150.000 euros las diputaciones de Ávila y Soria; y, finalmente las instituciones de Palencia y Segovia, 120.000 euros.
Las diputaciones provinciales deberán realizar una convocatoria de subvenciones dirigida a los consistorios del medio rural de sus respectivas provincias con el objetivo de incentivar que realicen obras de reparación, conservación y mejora en los centros educativos.
En dicha convocatoria constará la obligación de los ayuntamientos beneficiarios de aportar como mínimo el 20 por ciento del coste de la obra ejecutada en su respectivo municipio y de asumir el pago de los tributos de carácter local derivados de la ejecución de la obra. El 80 por ciento restante se financiará con las aportaciones de cada institución provincial y de la Consejería de Educación, salvo en León –cuya distribución es de dos tercios para la Consejería y uno de la Diputación– y en Zamora –donde la Junta financia el 60 por ciento–. En ambos casos se trata de compensar la utilización de las instalaciones provinciales en las que se ubican los conservatorios de música mientras finalizan las obras de los edificios actualmente en ejecución.
Además, la Fundación Anclaje recibirá 2.093.455 euros para ampliar el crédito inicial de dos líneas de subvenciones a microempresas y autónomos con el objetivo de contribuir al mantenimiento de los puestos de trabajo. El Consejo de Gobierno aprobó una aportación de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo a la Fundación para el Anclaje y la Formación para el Empleo de Castilla y León. Esta financiación procede de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
La Consejería estableció dos líneas de subvenciones que tienen por objeto el mantenimiento del empleo en microempresas y en trabajadores por cuenta propia durante un plazo de seis meses, siempre que el beneficiario lleve a cabo una actuación o una inversión que faciliten la transición de su actividad productiva hacia una economía digital y respetuosa con el medio ambiente.
El objetivo es compensar las dificultades que atraviesa el colectivo autónomo en el actual contexto económico y, en concreto, las derivadas de las nuevas tasas de cotización, de medidas energéticas como el nuevo impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero o la obligatoriedad de instalar puertas automáticas de aquellos que tengan locales a pie de calle.
Estos programas tienen como objeto ayudar económicamente en aquellos gastos extra en que deben incurrir autónomos y microempresas para adaptar sus negocios a los nuevos requisitos.
En materia social, la Junta de Castilla y León continúa con la remodelación de la residencia mixta de personas mayores ‘Los Valles’, ubicada en la localidad zamorana de Benavente, y hoy acordó un gasto de casi 2,8 millones para crear nuevas unidades de convivencia que se acometerán en el plazo de ocho meses y medio.
En concreto, la reforma afecta a las dos alas noroeste de las tres primeras plantas del edificio, de las cinco con las que cuenta desde su construcción en el año 1990, donde se crearán unidades de convivencia. Cada una contará con cuatro habitaciones dobles y ocho individuales completamente accesibles con baño privado, cuarto de estar-comedor y cocina.
De este modo, todas las estancias se transformarán en unidades de convivencia, pasando de una ocupación de 20 a 16 residentes, que serán distribuidos en cuatro habitaciones dobles y ocho individuales. Cada una de ellas contará con baño privado, debidamente adaptado para la introducción de camillas, una sala de estar-comedor con cocina integrada, baño con ducha próximo, así como almacenes y espacios para el personal.
Dicha intervención se llevará a cabo en dos fases y en cada una de ellas se implantarán tres unidades. La ejecución de la obra lleva consigo un reacondicionamiento de los espacios, cuya pretensión es que sean más confortables y mejoren la calidad de vida de los residentes.
Para poder optar a la adjudicación de la obra, las empresas podrán enviar sus ofertas hasta el 17 de mayo, mientras que el plazo para la presentación de las propuestas económicas se abrirá el 19 de junio.
Con estas ayudas se pretende que puedan continuar con su negocio, ya que se van a subvencionar las obras, las instalaciones y las compras de maquinaria u otro equipamiento, siempre que estas actuaciones ayuden a que su actividad se transforme hacia una economía digital y respetuosa con el medio ambiente.
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