La Comisión de Transparencia recibe 794 reclamaciones, el mayor número desde su creación hace siete años

E Procurador del Común, Tomás Quintana, ha presentado este jueves la Memoria correspondiente a 2022 de la Comisión de Transparencia, de la que es comisionado, en la que, entre otras cuestiones, se insta a la Junta a mejorar la localización y el acceso a la información relacionada con sus altos cargos. Además, reclama al Gobierno autonómico que utilice también un lenguaje menos técnico y más sencillo en sus publicaciones para cumplir con la legislación en transparencia, así como la incorporación de nuevos gráficos y cuadros que faciliten visualmente la comprensión de la información para cualquier ciudadano.

Si bien, el documento reconoce que existe un "alto grado de cumplimiento” de información y transparencia del Gobierno autonómico a través del Portal de Gobierno Abierto.

Quintana ponía en valor los resultados de la Ley General de Transparencia en España y la aprobación de su transposición autonómica un año y tres meses después, y cómo estas normativas están contribuyendo “positivamente” al funcionamiento de las organizaciones públicas en el contexto de “democracia avanzada” en que se sitúa el país.

Asimismo, recordaba que el comisionado de Transparencia no solo se circunscribe a garantizar el cumplimiento de la legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública, sino también a mejorar la prestación de los servicios públicos en la Comunidad.

Respecto a la Memoria de 2022, Quintana señalaba que está “fuertemente condicionada” por el “elevado" número de sujetos obligados en esta Comunidad por la normativa de transparencia, que afecta a más de cinco mil entes contando solo a las administraciones públicas, debido también a la ausencia de mecanismos formales y medios materiales y personales para desempeñar esta función. Una situación que, en opinión del Procurador del Común, obliga a realizar la evaluación mediante cuestionarios de autoevaluación realizados por las administraciones y entidades afectadas.

En 2022, se ha incrementado la colaboración al aumentar en diez puntos la remisión del cuestionario cumplimentado, llegando al 67 por ciento, manteniéndose “la colaboración de la gran mayoría de entidades que conforman el sector público autonómico, así como de las diputaciones provinciales, reduciéndose en el caso de los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes puesto que, de los 60 a los que se dirigió el comisionado de Transparencia, solo cumplieron con su obligación la mitad.

Igualmente, Quintana destacaba el grado de cumplimiento de las fundaciones Siglo, Hemoterapia y Hemodonación y las universidades públicas, así como, por primera vez, la Fundación Santa Bárbara gracias a las mejoras introducidas en 2022. Los consorcios presentan, por su parte, “un grado de cumplimiento notable”, decía.

También destaca el cumplimiento de las diputaciones provinciales y los ayuntamientos de mayor tamaño así como la progresiva mejora en la publicación de la información tanto en términos cuantitativos como cualitativos”, a pesar de las dificultades de cumplimiento de la legislación por parte de las entidades locales de menor tamaño, debido a “las limitaciones de medios materiales y personales”. Por ello, insistía en el papel de apoyo y orientación que deben jugar las administraciones de mayor tamaño, especialmente las diputaciones y la Administración autonómica para con las menores.

Finalmente, Quintana defendía la “especial implicación” en materia de transparencia de las Cámaras de Comercio, así como la evolución hacia un número cada vez mayor de solicitudes de información pública” presentadas por los ciudadanos, destacando el “notable crecimiento” de las dirigidas a las consejerías de la Junta, con una estimación del 76 por ciento, superior en cinco puntos al constatado en la Memoria anterior.

Menos reclamaciones ante la Junta

Respecto a la actividad de la Comisión de Transparencia en 2022, el procurador del Común informaba de que se han presentado 794 reclamaciones, “el mayor número” desde su creación con un incremento “notable” con respecto a las del año anterior y, principalmente, con respecto a 2016, cuando se presentaron 102. "Se han multiplicado casi por ocho las reclamaciones formuladas debido a la “voluntad de los ciudadanos de hacer valer su derecho a la información”, apuntaba, en declaraciones recogidas por Ical.

Una octava parte de las reclamaciones, 93, fueron presentadas por concejales y el 70 por ciento del total llegaron por sede electrónica, lo que, a juicio del defensor del pueblo castellano y leonés, denota una “creciente utilización de las nuevas tecnologías” por los ciudadanos.

Por otro lado, cabe señalar que más del 80 por ciento de las reclamaciones se presentaron frente a la “ausencia de respuesta expresa” por parte de la administración reclamada a la petición de información realizada, ante lo que Quintana expresaba su preocupación por el “silencio administrativo” que muchas veces existe ante las peticiones de información ciudadanas. Por materias, las más demandadas fueron sobre medio ambiente, empleo público, obras públicas, contratación, urbanismo y vivienda.

Además, el 73 por ciento de las reclamaciones fueron presentadas ante alguna entidad local, especialmente ante los ayuntamientos, que con 515 encabezan la clasificación. Muy por debajo se encuentran las 42 reclamaciones ante entidades locales menores, las 22 de las diputaciones o las 137, el 17 por ciento del total, que se interpusieron ante la Junta, porcentaje inferior en cuatro puntos al año anterior.

Las resoluciones emitidas por la Comisión de Transparencia fueron 262, “el mayor número desde su creación” y, de ellas, 154 fueron estimatorias y 67 sirvieron para declarar la desaparición del objeto de la reclamación. En todos los casos, según Quintana, el resultado final es, o debería ser, que el ciudadano obtenga la información pública que ha solicitado.

Por último, en relación al cumplimiento de las resoluciones de la Comisión de Transparencia, 47 de las 262 emitidas “no han sido aún objeto de cumplimiento” a 15 de julio de 2023, por lo que, pese al incumplimiento de casi una quinta parte, este “ha descendido ligeramente respecto a 2021”, finalizaba.