El Consejo Consultivo de Castilla y León y Tarcyl emiten sus dictámenes con rapidez, en 19 y 19,5 días

El Consejo Consultivo de Castilla y León y el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales emiten sus dictámenes en 19 y 19,5 días hábiles, respectivamente, lo que en el caso del segundo ofrece una justicia rápida y gratuita que “descongestiona” el poder judicial y genera una confianza a los ciudadanos y las empresas.

En la presentación de la Memoria 2024 de la institución ante la Comisión de la Presidencia de las Cortes, el presidente del Consejo Consultivo, Sánchez de Vega, que calificó el resumen presentado como un acto de transparencia, defendió esos datos frente a los trece meses de demora en los juzgados de lo contencioso administrativo o los 18 meses cuando se trata del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Sánchez de Vega, que recalcó “el éxito” de la unión de la acción consultiva y la contractual, manifestó que solo seis expedientes dirigidos al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (Tarcyl) se elevaron a los tribunales de justicia, lo que supone menos de un tres por ciento del total, que suponían 842 millones en litigio, y menos del 0,5 por ciento fueron los estimados.

De los dictámenes emitidos, incidió en el aval a la Junta para la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía y al anteproyecto de medidas que contemplaba la creación de la Autoridad contra la Corrupción, adscrita al Consejo de Cuentas, si bien ahí no se atendió su observación sustantiva de que se aprobará por una ley propia.

Sobre los expedientes de responsabilidad patrimonial, manifestó que se recogen reclamaciones de “la vida diaria de los castellanos y leoneses” al analizar posibles daños por parte de las administraciones en lo que se convierte en “una justicia rápida y cercana”. En este punto, reseñó el expediente por la inoculación por error de una vacuna a un bebé de dos meses que correspondía a una niña de 14 años.

En el año 2024, el Consejo Consultivo aprobó 531 dictámenes en los que los relativos a las administraciones locales superaron a la autonómica que fue del 36 por ciento, el 11,5 son de sanidad, el 9,60 de presidencia y casi 4 por Educación. De ese montante, el 75 por ciento correspondieron a expedientes de responsabilidad patrimonial.

En relación con la actividad del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, en 2024 se resolvieron 189 recursos, de los que el 60,85 por ciento fueron dirigidos frente a contratos de servicios, el 33,33 por ciento frente a contratos de suministros y el 4,23 por ciento frente a contratos de obras. Así, apuntaron que el principal acto recurrido ha sido el de la adjudicación, con el 46,03 por ciento.