Las Cortes de Castilla y León instan a endurecer la ley frente a la ocupación ilegal de viviendas

El pleno de las Cortes aprobó hoy una iniciativa del PP en la que insta a la Junta a crear una ventanilla de atención a propietarios de inmuebles afectados por ocupaciones ilegales y al Gobierno a que realice reformas normativas para la protección de la propiedad privada frente a “ocupas”, ya que considera que la ley de vivienda favorece “la usurpación de viviendas”.

PP y Vox, en sus intervenciones, incidieron en el respeto de la propiedad privada y en endurecer la ley contra las personas que ocupan una casa de manera ilegal, mientras que la oposición de PSOE y Mixto manifestaron que los ‘populares’, con esa PNL, pretenden crear “un problema donde no existe”. Así, la PNL salió adelante con el voto a favor de PP, Vox, Soria Ya y Por Ávila, en contra de PSOE, Pablo Fernández y Francisco Igea y la abstención de UPL.

En la presentación de la iniciativa, David Beltrán (PP) argumentó que todos “debemos entender que el ocupa debe ser desalojado” y acusó de un aumento del 41 por ciento de la ocupación ilegal en el mandato de Sánchez que vinculó a la ley de vivienda que “acaba con el derecho de propiedad”, a quien manifestó que se debe proteger porque han adquirido una casa con su esfuerzo.

“Me parece bien como país que no haya gente viviendo en la calle, pero no se puede cargar en el propietario”, argumentó el popular, que rechazó que esa situación sea progresista y reseñó los trámites que se deben realizar cuando una vivienda ha sido ocupada de manera ilegal.

Así, planteó una serie de medidas dirigidas a la Junta, como crear una ventanilla de atención al ciudadano y víctimas directas de ocupaciones ilegales, y otras al Gobierno para que realice reformas normativas, entre otras, como desalojar las viviendas ocupadas ilegalmente en 24 horas, reforzar la pena del delito de usurpación con hasta tres años de cárcel, tipificar en el Código Penal la pertenencia a mafias o prohibir la inscripción en el padrón municipal a los ocupas de una vivienda.

Por parte de Vox, María Luisa Calvo apoyó endurecer la ley ante los casos de ocupación de inmuebles y por dar una solución habitacional, lamentó el aumento de la ocupación con el Gobierno del PSOE pero también apuntó el cambio en el Código Penal de 2015 y propuso un registro histórico de zonas ocupadas y eximir al propietario de pagar el IBI durante la ocupación de su casa.

Se dirigió al PP para reprochar que no hayan presentado más normas a favor de la vivienda desde la adquisición de una parcela hasta la construcción de la vivienda, pidió más vivienda de protección pública y reclamó reformar el Código Penal para proteger al propietario y se pueda defender ante una “agresión en su propio hogar”, como planteó en una enmienda.

El socialista Rubén Illera argumentó que la PNL parte de la premisa “falsa” de un aumento de la ocupación ilegal que no es real y es “un dato irrelevante”, por lo que enmarcó el texto en crear “miedo” y aseguró que los lanzamientos se han reducido en los dos últimos años mientras que aumentaron con el PP al desalojar a familias vulnerables.

También, rechazó que la ley de vivienda “blinde al delincuente sobre el propietario”, aseguró que votar a favor sería “propagar el bulo y la mentira” y concluyó que a los ciudadanos les preocupa el aumento de la pobreza, la disminución de las ayudas a la dependencia o la violencia de género.

El socialista presentó una enmienda de sustitución en la que insta a la Junta a cumplir el derecho a la vivienda, aprobar el plan de vivienda, otro estratégico para favorecer la emancipación juvenil, crear un parque público de vivienda de alquiler y derogar la orden que incrementa el precio de alquiler hasta en un 60 por ciento.

Sin embargo, ninguna de las enmiendas de adición (Vox) y de sustitución (PSOE) fueron aceptadas por el ponente, que cerró su intervención con el mensaje de que “sin propiedad privada no hay libertad y sin libertad no hay democracia” y con la acusación a la izquierda de que su política social es apoyar “la usurpación ilegal”. “Con la ley de vivienda, alquilar es más arriesgado, reduce la oferta”, aseveró, para colar que Pedro Sánchez apoya estas políticas porque él mismo es “okupa en La Moncloa”.

No es un problema real

En el turno para fijar posición, Francisco Igea acusó al PP de crear “un problema donde no lo hay”, manifestó que ya se creó una oficina contra la ocupación con escasa repercusión y subrayó que de las 170 viviendas ocupadas en la Comunidad, 46 son propiedad de la Junta. “Son unos incapaces”, aseveró.

“Es un problema que no es real, el auténtico drama en este país es que se vulnera el derecho constitucional a una vivienda”, arrancó Pablo Fernández (Unidas Podemos) que acusó al PP de apoyar a bancos y grandes tenedores y generar un “problema social”. “Menos demagogia, menos bulos, y más hacer”, manifestó, para señalar un parque público de vivienda o más ayudas.

La procuradora Vanessa García Macarrón (UPL-Soria Ya) defendió la propiedad privada pero abogó por un equilibrio para la recuperación de una vivienda ocupada así como por dar una solución a una persona que pueda estar en una situación de vulnerabilidad, a la vez que separó la ocupación ilegal por grupos organizados de la individual por una necesidad coyuntural.