Estiman que para aplicar las 35 horas habría que contratar a entre 4.000 y 5.000 nuevos empleados públicos

Esta semana, la Junta anunciaba que el próximo1 de junio los empleados públicos de la Comunidad recuperarán las 35 horas de trabajo a la semana, un compromiso de la Junta que se ha retrasado más de lo esperado debido a que la situación no ha sido la mejor, sobre todo en materia sanitaria, debido a la pandemia y el déficit de sanitarios, lo que hacían "inviable" acometer esta medida pactada en el Diálogo Social hasta ahora, ya que según la Junta en estos momentos sí que se puede acometer sin perder la calidad en la prestación de los servicios públicos.

Si bien, desde el sindicato UGT no las tienen todas consigo, y aseguran que para poder aplicar esta reducción de jornada laboral comprometida sin que se pierda por ello calidad en la atención, harían falta contratar a a entre 4.000 y 5.000 nuevos empleados para el sector público de la Comunidad. De esta forma, desde el sindicato apuntan que se podrían cubrir las 2,5 horas semanales que dejarían de hacer los funcionarios actuales al recuperar las 35 horas.

Sanidad sería el que más nuevos empleados públicos necesitaría, con un mínimo de 1.600, seguida por Educación, donde el sindicato cifró los nuevos funcionarios necesarios en 1.300, y Servicios Sociales, con en torno a 1.100.

En UGT, además, mantienen la “duda” sobre la posibilidad de que “en octubre las vuelvan a denegar”, como sucedió en 2019, debido a que en mayo hay elecciones, si bien hace cuatro años hubo autonómicas, no como ahora que son solo municipales.

"No consentiremos que el anuncio realizado por la Junta sirva como pretexto para privatizar determinados servicios públicos, ya que las 35 horas deben servir para reforzar lo público, no para aprovechar la falta de personal para intentar privatizarlo”, advertía este viernes el secretario general de la sección de Servicios Públicos de UGT en Castilla y León, Tomás Pérez Urueña, quien apuntaba que ahora toca “cumplir las muchas expectativas” dadas con el anuncio en las reuniones de trabajo y en los acuerdos con los distintos sectores de la Administración pública, ya que “las 35 horas no son levantarse una mañana y cambiar el Bocyl, sino que implica más cosas que hay que negociar”.

Urueña, además, aseguraba que para contratar a los profesionales necesarios para la recuperación de las 35 horas, es necesario que la Junta “se ponga al día también en cuestiones retributivas”, puesto que los docentes y sanitarios de Castilla y León "son los que menos cobran de España”, denunciaba.

También demanda "claridad” con los números de la cuantía económica necesaria para llevar a cabo esta medida "porque las 35 horas no se pueden compensar con días libres”. Por ello, llamaba al Gobierno autonómico a “sacar a oferta pública las plazas extraordinarias” para no tener que “compensar” lo que se van a convertir en horas extra y ante las que UGT muestra su “oposición rotunda”.