Juan José Sanz Vitorio, sobre la LOSU: "Innecesaria y … oportunidad perdida"

La primera pregunta que cabe hacerse, es, ¿era necesaria una nueva ley orgánica del Sistema Universitario? La respuesta es siempre la misma en los actores afectados: no. La universidad necesita de modificaciones, sin duda, pero no una nueva ley. Entonces, ¿Qué ha ocurrido?, sencillamente, se ha utilizado la universidad como moneda de cambio para ser incluida en el Plan de Reformas para acceder a Fondos de Recuperación, bajo la excusa de una supuesta reforma de la “gobernanza”.

¿Qué debería haber buscado la ley? Por encima de todo una mejora de la calidad docente, que es lo único que garantiza una universidad de calidad y en consecuencia de prestigio. Y no lo hace. Debería buscar una mejora de la empleabilidad, una mejora y adecuación de las titulaciones, una mejora en la conexión Universidad/Empresa. Y no lo hace. Ninguno de estos retos ha sido abordado.

¿Qué hace la ley? Alumbrar un despropósito legislativo enorme, que generará problemas de gobernanza, convivencia e incertidumbre; no soluciona ninguno de los problemas de la universidad y los genera nuevos; unido a claros tintes de dudosa constitucionalidad contra la doctrina incluso del Tribunal Supremo.

¿Para qué sirve? De momento para aprobar los presupuestos, a cambio de dar satisfacción a las reivindicaciones y exigencias de grupos independentistas y radicales, necesarios para la aprobación de los mismos.

La ley en su artículo 32, rompe la igualdad de acceso a las ayudas, especialmente importante por afectar a los más vulnerables. El Art. 149.1.30ª de la CE, reserva al Estado la competencia para establecer normas básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el derecho de acceso a la educación , también universitaria, así como la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional (188/2001, 212/2005 de septiembre y julio respectivamente) recogida en el RD 1721/2007 de 21-12; donde se regula el régimen de becas y ayudas, así como los elementos estructurales básicos.

De mayor gravedad aún es la sumisión de los órganos de gobierno al ideario político de turno, rompiendo la neutralidad universitaria e institucional, obligación constitucional (103.1 CE), a través de los artículos 44 y 45 de la ley para dar satisfacción a los independentistas y justificar los hechos ocurridos en la Universidad de Barcelona. El Tribunal Supremo es demoledor en su sentencia 1536/2022 de 21/11.: “Se percutieron derechos y libertades fundamentales”.

Se fragmenta el sistema universitario en 17 pequeños sistemas, con la ridícula posibilidad de sustituir la ANECA por 17 “anequitas” y se niega la posibilidad en un distrito universitario único, de una EBAU única, lo que es absurdo e injusto. Esto perjudica especialmente a los alumnos de comunidades autónomas como Castilla y León. Aquellos mejor preparados, tienen problemas para tener una plaza en la región, donde llegan alumnos con mejores notas de otras autonomías donde son menos “exigentes”. Los parlamentarios socialistas han apoyado todo esto.

Realmente el resultado es bastante lógico, si encomiendas una ley a un ministro independentista, que negocia con independentistas para sacar adelante los presupuestos y la ley, el resultado es una ley independentista. La pregunta es: ¿Una ley que es orgánica y en consecuencia legislación básica del Estado, puede depender de quienes quieren romperlo? Absurdo. Un nuevo elemento de desconexión de instituciones del Estado. Somos partidarios de la descentralización, pero nunca de la fragmentación y somos defensores de la diversidad, pero nunca del agravio. Las personas siempre por delante de los territorios.

La última pregunta espera respuesta: ¿Los senadores y diputados socialistas, también de Castilla y León, en algún momento, recuperarán la dignidad política?

Esta ley también la cambiaremos.

Juan José Sanz Vitorio es senador del PP por Segovia Ponente en el Senado por el GPP de la LOSU