La Junta alerta de una mayor economía sumergida en los trabajadores del hogar por la nueva normativa

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo de Castilla y León ha advertido de que la nueva normativa de prevención de riesgos laborales para trabajadores de servicio en el hogar equipara a familias con empresarios, al imponer las mismas obligaciones, y acabará generando un aumento de la economía sumergida.

El director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, Fernando de la Parte, ha participado en el pleno extraordinario de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que ha puesto de manifiesto la difícil aplicación de la nueva normativa entre las familias de Castilla y León, ha informado la Junta en nota de prensa.

El proyecto de Decreto para desarrollar la disposición adicional decimoctava de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales incorpora entre las obligaciones para el empleador una evaluación de riesgos del puesto de trabajo; formación en prevención en riesgos laborales; informar sobre los riesgos laborales del lugar de trabajo; o un reconocimiento médico.

"Esta nueva normativa supone un incremento de los costes salariales y pagos a la Seguridad Social", que “equiparan a una familia con un empresario”, según De la Parte, quien ha insistido en que ya existía la obligación de que el hogar velase por la seguridad e higiene en el trabajo, pero ahora aumentan las obligaciones.

Más precariedad y trabajo en B

Además, el director general ha apuntado que la nueva realidad generá un aumento de la economía sumergida, al tiempo que ha recordado que desde 2018 los datos de afiliación del colectivo de empleados del hogar familiar presentan un descenso continuado, con una caída de 13 puntos porcentuales desde ese mismo año hasta hoy.

Una circunstancia que se explica, según De la Parte, “por los nuevos deberes de los empleadores, quienes suelen ser familias donde ambas personas trabajan o mayores de 65 años. Todos ellos sobrepasados por nuevas exigencias difíciles de gestionar”.

La medida puede llevar a “una mayor precariedad o trabajo en B”, justo el efecto contrario al buscado, con un “preocupante aumento de la economía sumergida para este sector”.

Por ello, la Junta ha propuesto que se apueste por la vía de la sensibilización e información al empleador en materia de protección laboral, y ha planteado la posibilidad de estudiar más facilidades para la contratación y la realización de las gestiones administrativas