Política

La Junta cree que la votación sobre la autonomía leonesa es sólo un “pago al precio político” de un partido que perdió las elecciones para gobernar

Así lo asegura el portavoz Carlos Fernández Carriedo y lamenta que "el PSOE a veces cree que sus problemas son los de los ciudadanos, y no"

El portavoz, Carlos Fernández Carriedo, explica los acuerdos del Consejo de Gobierno
El portavoz, Carlos Fernández Carriedo, explica los acuerdos del Consejo de GobiernoRubén CachoIcal

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, circunscribió la moción pro autonomía leonesa aprobada este miércoles 26 de junio en la Diputación de León con los votos del PSOE y la UPL al “pago al precio político” por el pacto de gobernabilidad en la institución provincial.

A preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Fernández Carriedo hizo un paralelismo de lo ocurrido en la Diputación de León con el Gobierno de España, con partidos que “perdieron las elecciones y tienen un pacto” para gobernar. “Es el pago de un precio político para mantenerse en el gobierno de unas instituciones donde han perdido las elecciones pero quieren gobernar”, reiteró.

Asimismo, insistió en que “asistimos al pago de ese precio político, igual que asistimos con más frecuencia de la recomendable en el Congreso de los Diputados con tal de permanecer en el Gobierno”.

Carlos Fernández Carriedo dejó claro que sus críticas no van dirigidas a gobiernos de coalición en genérico sino a aquellos que pagan un precio político “con lo que es de todos para mantenerse en un gobierno”.

En este sentido, subrayó que no le parece “bien” que para seguir siendo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez pague con la “ruptura” de la igualdad, con la amnistía, con 15.000 millones de condonación de deuda para los separatista y con un sistema de financiación singular.

El portavoz de la Junta incidió en que en Castilla y León están a favor de la “Constitución y del Estatuto de Autonomía” y advirtió de que acudirá a las vías jurídicas que sean necesarias, a los tribunales, cuando haya documentos que certifiquen esas decisiones que se negocian en Suiza,.

En este sentido, Carlos Fernández Carriedo lamentó que en el PSOE de Castilla y León “haya varias ideas” y trasladó su preocupación por que en el partido de Luis Tudanca convivan “opiniones tan distintas dependiendo del día y el lugar”. Así, reprochó que es “muy difícil alcanzar acuerdos” porque “primero debe aclarase el propio PSOE sobre lo que piensa y qué idea tiene”.

“Nosotros lo tenemos claro, el Estatuto y la Constitución española y centrarnos en los problemas importantes de ella gente”, razonó para expresar que “hay que diferencias entre los problemas del PSOE y los de los ciudadanos, que no son los mismos”, informa Ical.

“El PSOE a veces cree que sus problemas son los de los ciudadanos y no”, prosiguió, para defender que en la Junta, trabajan para solventar las necesidades de las personas que tiene dificultades para llegar a fin de mes y por contar non unos servicios públicos de calidad. “Estamos a lo que nos parece importante, que son los problemas de las personas, mientras el PSOE está a sus problemas”, concluyó Fernández Carriedo.

EBAU única

Por otra parte, el portavoz de la Junta anunció que las autonomías del PP se reunirán el próximo lunes en Salamanca para avanzar en su objetivo de poner en marcha el próximo curso una EBAU única para sus estudiantes.

Fernández Carrido insistió en que sería “mejor” que fuera el Gobierno de España quien “inspirara” el proceso para implantar una prueba común, pero ante su inacción, “no renunciamos a avanzar con otras autonomías en unificar criterios y fechas” para la EBAU. También remarcó que han insistido al Gobierno español en este sentido y como “no lidera, tendremos que ser nosotros quienes avancemos en lo que nos une”, declaró.

Acuerdos

Antes el portavoz de la Junta informó de los acuerdos del Consejo de Gobierno. Entre ellos destacó la actualización del servicio del 012 a las nuevas tecnologías para reforzar la seguridad jurídica de los usuarios, según aprobó hoy el Consejo de Gobierno de la Junta. Desde que el Servicio de Atención al Ciudadano 012 recibiera su primera llamada el 21 de abril de 2003, este teléfono autonómico ha ido convirtiéndose en un servicio esencial para ciudadanos y empresas, que facilita a través de sus diferentes canales el acceso a la información administrativa autonómica y a la asistencia en la tramitación de procedimientos y servicios.

El decreto pretende actualizar la normativa vigente para contemplar la regulación del funcionamiento de las nuevas utilidades de esta herramienta. El texto de la norma se adapta a las nuevas demandas de los ciudadanos, e incorpora en su ámbito de aplicación a las entidades locales, que actualmente se están adhiriendo al Plan de Expansión Rural del 012. Se ofrece así seguridad jurídica a los usuarios del servicio, al mismo tiempo que se refleja el desarrollo tecnológico que ha acompañado a la evolución de esta herramienta con más de 20 años de historia.

Además, el Ejecutivo autonómico movilizará 112,6 millones de euros para financiar los gastos del tercer trimestre de las universidades públicas de Burgos, León, Salamanca y Valladolid.El Gobierno autonómico pretende que continúen siendo un factor clave en la modernización de la sociedad y en la retención de talento en Castilla y León.

De forma trimestral, la Junta sufraga los gastos derivados de personal y todos aquellos conceptos en los que incurren las universidades para su correcto funcionamiento, tanto en su vertiente docente como investigadora, a través de ayudas públicas.

Así, la subvención de la Consejería de Educación aprobada hoy de 112.616.498 euros permitirá cubrir los gastos globales de su actividad durante el tercer trimestre del año 2024. De esta cantidad, 12.361.082 euros corresponden a la Universidad de Burgos (UBU), 18.485.000 a la Universidad de León (ULE), 40.937.370 a la Universidad de Salamanca (USAL) y 40.833.046 euros a la Universidad de Valladolid (UVa).

En materia sanitaria la Administración regional autorizó destinar 14,2 millones para los servicios de contabilidad analítica e impresoras de Sacyl. En concreto, dio luz vede a la celebración de un acuerdo marco para el arrendamiento de dispositivos de impresión, por importe de 13,94, junto al gasto de 326.972 euros para el servicio de mantenimiento del software de contabilidad analítica (GESCOT), ambos en Sacyl.

En concreto, el acuerdo marco se refiere al arrendamiento sin opción de compra de dispositivos de impresión y la gestión de impresoras conectadas a los ordenadores personales a través de puerto USB para la Gerencia Regional de Salud.

También aprobó un gasto de 1,078 millones de euros a la Consejería de Sanidad para el servicio de mantenimiento de los equipos de radiodiagnóstico, de la marca Philips Ibérica SAU, ubicados en el Complejo Asistencial de Segovia.

Con un plazo de ejecución de dos años, este contrato garantiza la seguridad en la utilización de los 18 equipos de rayos de que dispone el hospital con esta marca, así como el mantenimiento de estos en óptimas condiciones de operatividad.

El servicio incluye mantenimiento correctivo, es decir, relacionado con averías puntuales que ocurran en los equipos, para lo cual el adjudicatario pondrá a disposición del centro un servicio centralizado de llamadas.

Por otra parte, las nueve diputaciones de Castilla y León recibirán 1,8 millones para financiar el suministro y abastecimiento de agua potable, según autorizó hoy el Consejo de Gobierno de la Junta. Cada institución provincial recibirá 200.000 euros.

El objeto de estas ayudas, con un plazo de ejecución de dos años, es financiar el 50 por ciento del coste derivado del suministro de agua potable a poblaciones afectadas por problemas de escasez. Asimismo, con este importe se financia el coste derivado de la ejecución de obras de abastecimiento de agua potable y de saneamiento de las aguas residuales municipales.

También la Junta tiene previsto invertir 7,7 millones de euros en la formación en competencias digitales de más de 33.000 castellanos y leoneses residentes en el medio rural, gracias a un contrato cuyo gasto ha sido autorizado en el Consejo de Gobierno.

Este contrato, que prevé un plazo de ejecución de 22 meses desde el inicio del programa y está financiado con Fondos Europeos Next Generation EU, contempla la difusión y captación de alumnos; la creación de los propios itinerarios formativos; la formación en competencias digitales tanto en su vertiente presencial como en la online; el establecimiento de un centro de atención e incluso un servicio de asesoramiento presencial.