Mañueco augura un «salto de calidad» en la Sanidad pública

La Sanidad pública y la proposición de Ley que impulsa el PP para blindar el Estado del Bienestar, protagonizaban la sesión de control a la Junta en las Cortes regionales, que no arrancó con una declaración institucional de apoyo a Israel por el rechazo de Podemos debido a que en el texto impulsado por el PP «se olvidaron los asesinatos sobre la población civil de Palestina», según decía Pablo Fernández.

Las tres preguntas orales al presidente Fernández Mañueco por parte del socialista Luis Tudanca, el leonesista Luis Mariano Santos y el abulense Pedro Pascual, versaban sobre temas sanitarios con esta futura normativa que los populares esperan tener lista en dos meses para proteger los servicios públicos esenciales como telón de fondo.

Tal es así, que ante las críticas de estos tres procuradores de la oposición, Mañueco defendía dicha Ley con vehemencia y aseguraba que la Sanidad pública de Castilla y León «dará un salto de calidad que nos vendrá muy bien». El líder popular insistía en que la Junta no solo no va a cerrar ningún consultorio mientras él sea presidente sino que, además, «verán mejorado su equipamiento».

Antes, el portavoz del PSOE había acusado al Gobierno regional de actuar como unos «trileros» con la proposición de Ley cuyo contenido sobre la asistencia en consultorios sanitarios rurales, según Tudanca, es lo que figura en una Orden que data de 1991 «que la Junta lleva incumpliendo desde entonces». «Lo que está haciendo el PP -denunciaba- es blindar los recortes y poner en marcha un nuevo Plan de Aliste».

Además, el socialista volvía a rechazar la mano que Mañueco le volvía a tender para alcanzar un pacto por la Sanidad, como ya ha hecho en varias ocasiones. La última, durante el reciente debate sobre el Estado de la Comunidad junto a otro gran acuerdo sobre financiación autonómica y el desarrollo del Corredor Atlántico, a los que el PSOE de Tudanca no parece dispuesto a llegar.

No en vano, el propio Tudanca pedía a Mañueco que primero pacten entre ellos antes de pedir un gran acuerdo a los demás, en alusión a las diferencias que, según el PSOE existen entre el PP y la Junta sobre una posible reordenación de sanitarios.

Mañueco acusaba al dirigente socialista de estar haciendo política con la salud de los castellanos y leoneses. «Está más interesado en pactar la amnistía que en la salud y el bienestar de los ciudadanos», advertía el jefe del Ejecutivo autonómico, quien aseguraba que la futura Ley que blindará el Estado del Bienestar le quitará al socialista «metralla política».

Finalmente, apuntaba que la Junta «tiene claro» el modelo de Sanidad que quiere, «universal, pública, gratuita y de calidad», decía, y echaba en cara a Tudanca que, por el contrario, el PSOE no tenga ningún modelo sanitario, pero tampoco de Estado o de país.

«Aunque tal vez, ambos modelos seguramente se lo digan Bildu y Puigdemont», ironizaba el presidente para cerrar su cara a cara con el portavoz del PSOE.

"Estafa climática"

Otro de los debates más encendidos lo protagonizaban el vicepresidente Juan García-Gallardo y la socialista Patricia Gómez, quien acusaba al primero de negacionista del cambio climático y de «dejar en ridículo» a Castilla y León en Bruselas.

El líder de Vox contestaba que la Junta siempre protegerá el Medio Ambiente, el campo, la industria, las familias y a los trabajadores, pero advertía que no tragarán con la «estafa climática».

Ni nos haremos vegetarianos ni comeremos insectos aunque lo digan ustedes», decía, mientras llamaba a los socialistas «comisionistas disfrazados de verde», en alusión a la "pillada" de algunos eurodiputados del PSOE con dinero procedente de comisiones por el Mundial de Catar.

PAC

Por otro lado, el Pleno dejaba la declaración del consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas, de que su departamento está colaborando con la Fiscalía europea para poder esclarecer una posible trama de corrupción ligada a la obtención de ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) en los años 2021 y 2022 en la provincia de Palencia, por un importe global superior a los 700.000 euros.

El parlamentario socialista Rubén Illera había pedido explicaciones a la Junta sobre dicha posible trama, detrás de la cual podría estar una presunta asignación ilegal de pastos con una veintena de particulares y ocho empresas ganaderas implicadas hasta el momento.

Dueñas insistía en que la Junta está colaborando en la investigación y pedía a los socialistas que "interfieran menos y colaboren más" , ya que la trama afectaría a unos años en los que él "no era consejero".