Las personas con discapacidad serán más protagonistas de sus vidas con la nueva Ley

Buenas noticias para las más de 175.000 personas con discapacidad de Castilla y León y sus familias. Las Cortes regionales han aprobado este miércoles la Ley de Apoyo al proyecto de Vida de las Personas con Discapacidad de la Comunidad con los votos a favor de PP y Vox, y el rechazo del PSOE, Podemos y Francisco Igea, del Grupo Mixto, que explicaban su rechazo a este proyecto de Ley, entre otras cosas, a que no ofrece respuestas al colectivo en cada escenario de su vida, según los socialistas, o por silenciar a 180.000 votantes, el 15 por ciento del voto en las pasadas elecciones, que logró la UPL, al negarse PP y Vox a ampliar la prórroga de la presentación de enmiendas que impidió a los leonesistas presentar medidas, en el caso de Igea.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, defendía en el atril del hemiciclo del Parlamento el proyecto de Ley "porque asegura la atención y el cuidado de las personas con discapacidad y sus familias", decía, pero también porque "hará posible su deseo de cómo quieren vivir su vida, sus metas y cómo hacerlo".

"Tiene en cuenta a las personas y supone un cambio de modelo que pasa a tener como punto de referencia las prioridades de cada persona", decía Blanco, convencida de que esta norma conseguirá que las personas sean protagonistas de sus vidas al garantizarse su desarrollo vital digno e independiente.

Además, la consejera ponía en valor que aportará tranquilidad a las familias, que se garantizarán recursos para atender con calidad a las personas con discapacidad y en igualdad de condiciones.

También destacaba que además de favorecer la independencia y autonomía del colectivo, se pondrán en marcha los recursos necesarios para asegurar la capacidad jurídica de estas personas así como la atención temprana de 0 a seis años al cien por cien del colectivo y sin lista de espera (en 2022 se atendió a 3.561 personas) además de favorecer el acceso al empleo y la formación.

En este sentido, Isabel Blanco aseguraba que con esta ley se reforzarán las políticas activas de empleo para impulsar una atención específica para los tránsitos vitales de estas personas, como de la infancia a la etapa escolar; de la edad adulta a la laboral y a una fase de envejecimiento activo, que es la que requiere de un "mayor apoyo", además de favorecer el acceso al empleo público, así como el alojamiento o la asistencia personal que requieran.

"Con esta ley se ordenan de forma coherente los apoyos a las personas con discapacidad para que se puedan cumplir sus deseos de vivir conforme a lo que quieren", insistía la consejera, mientras defendía la participación que ha existido en la elaboración de la norma por parte del Tercer Sector, con el Cermi como protagonista, y aseguraba, contundente, que con este proyecto de Ley "se harán efectivos los derechos de este colectivo a su plena inclusión en la sociedad".

El texto se compone de 24 artículos distribuidos en tres títulos, a través de los cuales se pretende que tanto el colectivo como sus familias vivan integrados socialmente y puedan desarrollar su proyecto vital. Además, se regulan otras situaciones en las que estas personas requieren de apoyos y recursos, como es el caso de la promoción de la igualdad efectiva, la prevención de la violencia y malos tratos hacia las personas con discapacidad y también contra su explotación.

Satisfacción en el Tercer Sector

A pesar de las críticas durante el debate del procurador socialista Rubén Illera, que decía que esta ley nace sin el consenso del tercer sector, que engloba a una treintena de entidades que cuentan con 358 centros en los que atienden a más de 15.000 familias, o del Cermi, lo cierto es que esta última entidad, a través de su presidente Juan Pérez ha emitido un comunicado en el que hace un valoración positiva y destaca que esta Ley supone "un paso adelante" en la calidad de vida y bienestar de las personas con discapacidad.

"Garantiza el desarrollo personal del colectivo a lo largo de toda su experiencia vital, una de nuestras prioridades", afirma Pérez, mientras agradece la "especial sensibilidad" de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades por dar respuesta a las dificultades que tienen las personas con discapacidad cada día. En este sentido, el presidente del Cermi castilla y León destaca el nuevo enfoque que se da en la Ley a la atención del colectivo centrado en sus objetivos, metas y preferencias vitales, "y no solo en las intervenciones profesionales", remarca.

Durante el debate de las enmiendas las populares María Inmaculada Ranedo y Noemí Rojo defendía la importancia de esta ley para el colectivo, entre otras cosas, porque llevará la atención a los dependientes a todos los rincones de la Comunidad, y porque pone de manifiesto el compromiso de Castilla y León con estas personas vulnerables y sus familias. "Somos conscientes de las dificultades pero tenemos el compromiso de luchar contra ellas y apoyar al sector", decía Ranedo.

Desde el PSOE, Illera que quejaba de que PP y Vox no hayan respaldado las enmiendas que han presentado los socialistas y mostraba su descontento y rechazo a una Ley que consideran los socialistas que nace sin consenso ni con la participación de los principales afectados, pero también porque "no ofrece soluciones al colectivo en cada escenario de su vida".

Asimismo, se preguntaba que para qué sirve esta Ley si carece de un avance en apoyos y cobertura al colectivo "cuando no se ha aumentado ni un solo euro adicional de ayuda", y, además, se "endosa" la responsabilidad de la atención a cuidadores, familias y tercer sector cuando ha de ser en la Junta donde debe recaer esa responsabilidad.