Tres realidades taurinas ante la Unesco

El espacio cultural de los gongs de las montañas centrales del Vietnam produce un “lenguaje privilegiado” entre hombres, divinidades y mundo sobrenatural, acompañado de un sacrificio ritual de bueyes. El “bumba-meu-boi” es una práctica cultural de Maranhão (Brasil) con diferentes etapas, donde una es el ritual relativo al sacrificio del buey. El sistema normativo de los wayuus, una comunidad situada en la Península de la Guajira (Colombia), es un conjunto de principios y ritos entre los que se incluye el sacrificio de vacas, ovejas y cabras. Y el sanké mon es un rito de pesca colectiva de la ciudad de San (Malí), precedido de sacrificios de gallos y cabras. Si algo tienen en común estas tradiciones es su inscripción en la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) de la Humanidad.

Simplificando, podríamos decir que la UNESCO impone solo un límite: que se respeten los Derechos Humanos. Es evidente que la muerte o el sacrificio de animales no forman parte de esas restricciones y, por ello, no pueden invocarse para cercenar el derecho a la libertad cultural que exige la tauromaquia. Sin embargo, esta semana el Congreso rechazó impulsar la candidatura para que los toros formen parte de esa amplia lista de la UNESCO.

En este 2025, los toros han estado -y siguen estando- en boca de todos. Y esa presencia puede observarse desde tres prismas: la realidad social, la realidad institucional y la realidad jurídica. La primera habla por sí sola: se han televisado más corridas y novilladas que nunca en las televisiones regionales; Las Ventas han cerrado la temporada superando el millón de espectadores; el público joven está acudiendo a los tendidos en masa… La realidad institucional, sin embargo, pretende desligarse de la realidad social. Aparándose en esa falacia de que “los toros no interesan”, se están intentando conculcar libertades y limitar derechos: se suprime el Premio Nacional de Tauromaquia, se niegan ayudas al sector y se instrumentalizan normativas para desproteger la cultura, imponiendo una unidad de pensamiento y arrollando todo aquello que suene a pasodoble.

Es llamativo que, en el discurso político, los abanderados de la causa antitaurina sean los mismos que ensalzan el espacio de los gongs de las montañas del Vietnam, el “buma-meu-boi”, el sistema normativo de los wayuus o el sanké mon. Son tradiciones minoritarias que merecen prevalecer y gozar de protección institucional porque reflejan la memoria colectiva de los pueblos, son expresión de un territorio y no responden a ideologías, aunque ahora se pretenda encorsetar cualquier práctica -incluso palabra- en bandos irreconciliables. Precisamente por esas mismas razones, la tauromaquia debe tener su lugar en la UNESCO.

La realidad institucional quiere quebrar también la realidad jurídica. Me explico: España forma parte desde 2006 de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, que pasó entonces a integrarse en nuestro ordenamiento jurídico, permitiendo impulsar el Plan Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial, en el que participan Comunidades Autónomas y Estado. ¿El objetivo? Salvaguardarlo. Resulta que la Ley de 2013 para la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural -que se ha pretendido derogar sin éxito hace escasas con la ILP antitaurina- contempla como medida de fomento y protección que el Estado realice los trámites necesarios para incluir la tauromaquia en la lista de PCI de la UNESCO. El Congreso, con su rechazo a esta candidatura, da la espalda a la realidad social y jurídica.

Está en juego la coherencia de un país capaz de proteger lo ajeno mientras renuncia a lo propio. La UNESCO ampara ritos que expresan la identidad de pueblos remotos y España no puede negar la condición cultural de una tradición que ha moldeado su arte y su historia. Renunciar a promover la candidatura por un prejuicio ideológico, más que una decisión política, es un síntoma. Y no precisamente de fortaleza institucional.