Torra arrastró a Esquerra a redoblar el pulso al Estado

El inesperado estallido de la crisis del coronavirus diluyó inicialmente toda oposición frontal al Gobierno. Tanto es así que la primera prórroga del estado de alarma –votada el 25 de marzo– alineó al independentismo posibilista y dialogante –abanderado por ERC– y al independentismo radical –CUP–: ambas fuerzas, como JxCat, optaron por abstenerse. Pero esa aparente tregua política pronto se ha ido resquebrajando, sobre todo en la medida que la epidemia ha ido remitiendo, hasta el punto de que Esquerra ha mudado del bloque de socios de investidura al bloque de rechazo.

Los republicanos, que arrancaron una mesa de diálogo entre el Estado y la Generalitat para abordar la crisis política catalana como condición para investir a Pedro Sánchez y parecían destinados a ocupar un rol determinante en esta legislatura, han acabado arrastrados al bloque del «no» junto a JxCat y empiezan a ver amenazado su protagonismo. De hecho, por este motivo, ERC trata ahora de cambiar el paso abriéndose a negociar el apoyo al estado de alarma de la semana que viene con condiciones, aunque pueden haber llegado tarde ya que C’s parece haberle birlado esa capacidad de influencia.

Tampoco lo ha tenido fácil ERC. Más allá de las discrepancias internas, la influencia de Quim Torra y el espacio neoconvergente también ha hecho mella. El president, constante en sus críticas al Gobierno desde el primer momento, ha tratado de marcar el rumbo del independentismo y ha conseguido condicionar en buena medida al partido de Oriol Junqueras, que viró al «no» en la votación de la cuarta y última prórroga hasta ahora –el pasado miércoles–. JxCat lo había hecho en la votación anterior –de la tercera prórroga, el 22 de abril–, pese a que sus duros ataques al Estado habían empezado antes. De hecho, solo 48 horas antes, la portavoz de la Generalitat y dirigente neoconvergente, Meritxell Budó ponía voz al mayor exabrupto escuchado hasta ahora al afirmar que una Cataluña independiente habría tenido «menos muertos».

Mucho antes, 24 horas antes de que se declarara el estado de alarma –13 de marzo–, el president ya había iniciado una campaña contra el Gobierno, que ha venido a sustituir el relato del «procés», construido sobre el desprestigio a la democracia española y el déficit fiscal, por ataques contra la gestión del coronavirus. Tuvo como como punto de partida el grado de confinamiento y se ha ido prolongando hasta ahora, en el inicio del desconfinamiento, aunque en la base de todas sus reivindicaciones ha estado la recuperación de las competencias para que la Generalitat pudiera gestionar directamente toda la crisis sanitaria.

El rechazo sistemático del Gobierno a esta demanda, unido al creciente malestar por la falta de diálogo de Sánchez, han terminado empujando a Esquerra a dar un golpe encima de la mesa y pasar al bloque del «no». Los republicanos, que han endurecido el tono en las últimas horas –«no nos tomen por imbéciles» o «ERC no hará servilismo de este gobierno», decía el lunes la portavoz republicana Marta Vilalta–, también han evitado romper los puentes en todo momento y se han abierto a negociar con condiciones para tratar de reconducir la situación. El retorno de las competencias –teniendo el Govern la última palabra en la toma de decisiones–; un permiso retribuido para las familias con niños o personas dependientes; y, la disponibilidad del superávit para los ayuntamientos son las tres exigencias que impone ERC de aquí el miércoles que viene –las negociaciones todavía no se han puesto en marcha–, y se suman a la cada vez más insistente petición de que se reactive la mesa de diálogo entre Generalitat y Estado.

La CUP se abstuvo en la primera prórroga, pero en las siguientes ha estado en el «no».