“Tememos que haya aún más trabas para recurrir a la Justicia para poder estudiar en castellano en Cataluña”

Isabel Fernández Alonso (Asturias, 1969), profesora titular de comunicación en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y portavoz de Universitaris per la Convivència (entidad que clama por la neutralidad de las instituciones, entre ellas, las universidades en Cataluña), atiende a este diario y da su punto de vista sobre la polémica nueva Ley educativa -bautizada como Ley Celaá-, que prevé retirar el castellano como lengua vehicular en la educación en Cataluña.

El castellano era ya prácticamente residual en la educación en Cataluña. ¿Cómo creen que quedará con la Ley Celaá?

La situación real difícilmente puede empeorar puesto que el número de horas de docencia en lengua española ya es ridículo. Lo que tememos es que haya aún más trabas para los padres que recurren a la vía judicial.

¿Por qué están en contra y qué efectos cree que tendrá sobre la sociedad catalana?

No compartimos esta reforma porque defendemos con firmeza que se han de respetar por igual los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos, catalanohablantes y castellanohablantes. Es de sentido común, además de que goza de la protección constitucional, que el español, por su condición de lengua oficial, ha de ser vehicular en los centros de enseñanza de todo el país. Eliminar esa referencia no es una cuestión baladí.

La aplicación de esta reforma en Cataluña hará que las fuerzas nacionalistas sigan incidiendo en esa idea aberrante de que hay solo una lengua propia en nuestra comunidad. El concepto de “lengua propia” es, además, un invento del nacionalismo que carece por completo de base científica. Seguir apuntalando el modelo de inmersión lingüística obligatoria para los castellanohablantes solo redundará en una mayor fractura social.

¿Qué acciones tienen previsto tomar para impedir que se aplique la Ley?

Nuestro colectivo no se había pronunciado hasta ahora en materia lingüística pero, dada la gravedad de la medida, hemos optado por hacerlo por primera vez. Valoraremos las iniciativas que se emprendan y veremos si nos sumamos a alguna de ellas o emprendemos alguna en solitario.

¿Han tenido la oportunidad de ofrecer su postura ante el Gobierno?

No. Ya le digo que es la primera vez que nos posicionamos ante este tema. Sí me consta que el Foro de Profesores envió una carta a Isabel Celaá que ha sido suscrita por varios miembros de nuestro colectivo. Lamentablemente, la ministra no ha encontrado tiempo para recibirnos ni ha replicado nuestros argumentos.

¿Qué valoración hacen de la inmersión lingüística en Cataluña?

La inmersión lingüística limita, obviamente, la formación de los alumnos. Hay estudios que demuestran los peores resultados de los castellanohablantes y es falso que el nivel de español de los niños catalanes sea igual o superior que el de los del resto de España. Sencillamente, no se puede saber porque no existen pruebas comunes. Lo que es obvio es que eliminar de la escuela la lengua materna de gran parte de la población atenta contra recomendaciones pedagógicas a las que curiosamente se agarraban los nacionalistas décadas atrás para reclamar la enseñanza en catalán. No digamos cuando hablamos de niños con discapacidades.

¿Qué modelo lingüístico creen que debería de haber? Tampoco estaban satisfechos hasta ahora.

Un modelo consensuado y respetuoso con las distintas sensibilidades. Caben varias fórmulas pero en modo alguno el monolingüismo excluyente que se viene aplicando y que todo apunta a que ahora se pretende apuntalar. Confiamos en que se recurra y que el Tribunal Constitucional deje claro que las administraciones de todo el país han de ser respetuosas con los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos.

Además, cuando se nos ha preguntado a los catalanes por el modelo lingüístico que preferimos en la escuela, hemos optado claramente por el bilingüe o trilingüe.