Las elecciones catalanas, en manos de la Justicia

El aplazamiento de las elecciones catalanas queda en manos de la Justicia después de que hasta un particular y cuatro organizaciones políticas hayan confirmado la presentación de un recurso. Y todavía pueden ser más, ya que el PSC está estudiando acudir a los tribunales para dar la batalla frente al Govern. Los empresarios se echaron finalmente ayer atrás y tanto Foment del Treball (principal patronal catalna) como Pimec (patronal de la pequeña y mediana empresa) prefirieron limitarse a mostrar su discrepancia, pero sin ir más allá.

De los recursos presentados contra el aplazamiento de las elecciones, uno de ellos es de un particular, que ha pedido medidas cautelarísimas –se deben resolver en 24 horas– y, por tanto, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que se reúne este martes para abordar esta cuestión, puede dejar en suspenso de inmediato el retraso electoral, aunque es un escenario que se antoja complicado que se dé. En otros dos recursos se han pedido medidas cautelares, que pueden tardar algo más en resolverse –o bien acumularse todos los recursos–. Tres recursos, eso sí, han sido ya admitidos a trámite.

También se ha presentado un sexto recurso –del Pacma– contra las elecciones, aunque, en este caso, tiene otra motivación y se presentó antes de que se decidiera el aplazamiento. El Pacma recurre porque considera que se debe dar más facilidades en los requisitos electorales –como la recogida de avales– para concurrir a la cita con las urnas ante las circunstancias sanitarias.

Lo cierto es que entre los juristas hay poco respaldo al decreto del Govern. Consultada por este diario, la catedrática de Derecho Constitucional de la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB), Teresa Freixes, considera que «no tiene base legal» por dos motivos principales: la falta de competencia del actual president en funciones Pere Aragonès para tomar este tipo de decisión –ya no solo porque está en funciones, sino porque, además, no es un presidente en funciones ordinario– y la falta de previsión legal –la suspensión de las elecciones no está incluido ni en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg) ni en el Estatuto–.

El aplazamiento tampoco ha sido compartido por los agentes sociales. Tanto empresarios como sindicatos (CC.OO. y UGT) han mostrado de forma contundente su rechazo. De hecho, Foment del Treball y Pimec han reunido a sus respectivos Comités Ejecutivos de forma extraordinaria para valorar la posibilidad de un recurso. Foment, presidida por Josep Sánchez Llibre, ha denunciado «desidia» del Govern en la planificación de las elecciones y ha reclamado las urnas «lo más pronto posible». «Sea del color que sea, necesitamos un gobierno estable», ha defendido Sánchez Llibre, que ha lamentado las consecuencias para la economía catalana que conlleva la ausencia de Govern.

Entre otras cosas, esta interinidad condena a Cataluña a quedarse sin presupuestos para 2021 en plena pandemia. Josep González, presidente de Pimec, ha argumentado que finalmente no se ha presentado un recurso ante los tribunales por «cuestion de responsabilidad social» por la evolucion de la pandemia y por «no judicializar más la politica». «Estamos bastante enfadados y decepcionados», ha afirmado y ha acusado al Govern de retrasar las elecciones por «razones electoralistas».

Además del recurso presentado por un particular, los otros cuatro provienen de organizaciones políticas: el partido catalanista Lliga Democràtica, la entidad constitucionalista Impulso Ciudadano, la formación próxima al PSC Federalistes d’Esquerres y el partido formado por críticos de Podemos Izquierda en Positivo. Entre los argumentos, usados para mostrar el rechazo al aplazamiento electoral, la Lliga Democràtica alude a que lo «más grave es que en realidad no se posponen las elecciones, sino que se produce una verdadera suspensión de la democracia» ya que, realmente, en el nuevo decreto no se garantiza que se vayan a convocar el próximo 6 de abril para que se celebren el 30 de mayo. Federalistes d’Esquerras hace referencia a la falta de competencia para el aplazamiento y a la inconcreción porque el decreto no especifica qué indicadores sanitarios pueden permitir la celebración de los comicios. Impulso Ciudadano defiende que se deben «arbitrar soluciones» para mantener el 14-F.