El preacuerdo entre Esquerra y la CUP para la investidura de Pere Aragonès incluye hasta once puntos programáticos sobre medidas sociales, aunque también aborda el “procés” y cómo encararlo durante la próxima legislatura. En este sentido, los anticapitalistas ceden y dan un margen de dos años (hasta la primera mitad de 2023) a Esquerra para que mantenga la mesa de diálogo con el Gobierno, que es también el tiempo que le queda a la legislatura española (concluye en 2023).

“Desde la crítica y el escepticismo la CUP se compromete a dar un cierto margen de tiempo a la Mesa de Negociación y no basará su apoyo u oposición al Govern catalán en función de su existencia”, señala la CUP en el documento publicado esta mañana sobre el preacuerdo con Esquerra, que debe ser ratificado por las bases de los cuperos y que contempla una moción de confianza a Aragonès a mitad de mandato. Los anticapitalistas aseguran que mantendrán su oposición “clara” al PSOE y al Gobierno y solo estarían dispuestos a formar parte de la mesa de diálogo si se incluye la amnistía y el derecho de autodeterminación.

Superados los dos años de margen, se evaluarán los resultados de la mesa y en función del balance se elegirá entre dos opciones (continuidad o finalización): si el Gobierno se abre a abordar la amnistía y la autodeterminación, el independentismo se mantendrá a la expectativa a ver en qué se concreta; si no ocurre, ERC y la CUP se comprometen a generar las condiciones para “plantear el nuevo embate democrático durante esta legislatura por la vía que el conjunto del independentismo valore como la más adecuada”, priorizando el referéndum. La CUP exige un nuevo referéndum antes de 2025 (antes de que concluya la legislatura catalana).

Ambas formaciones tienen previsto crear dos mecanismos fiscalizadores sobre la mesa de diálogo: uno público, que garantice transparencia ante el Parlament; y, otro discreto, que integre los espacios independentistas para evaluar los avances y con la advertencia de que debe primar el “entendimiento” y se deben resolver las diferencias “constructivamente”.

Coordinación independentista

Tras años de divergencias y choques en el seno del independentismo, Esquerra y la CUP también se han comprometido a crear una “mesa de dirección estratégica”, que incluya a partidos y entidades independentistas y que sirva para “trazar las líneas estratégicas y preparar las condiciones” para el nuevo desafío al Estado.

En esta mesa se debe “acordar” la coordinación entre todos los espacios (entre ellos, el Consell per la República) y su convocatoria debe ser “lo más pronto posible”.

Asimismo, ambas formaciones se comprometen a una ambiciosa reforma del Reglamento del Parlament para “garantizar la soberanía, la plena consecución y blindaje de los derechos materiales, civiles y políticos y hacer efectiva la igualdad así como ser un muro contra el fascismo”. Es decir, para desobedecer las advertencias del Tribunal Constitucional y neutralizar a Vox.

Medidas sociales

En concreto, Esquerra y la CUP han preacordado hasta once medidas sociales. La primera medida es la Renta Básica Universal: se plantea el diseño de un plan piloto en 2021 y en función de los resultados ampliarla la prestación en 2023. También proponen desplegar un plan de rescate social que incluya un fortalecimiento de la educación pública (reducción ratios en primaria y secundaria; reforzar plantillas; fomento de la FP pública; y, recuperación de centros privados y concertados para la escuela pública); una reactivación del sector cultural con un incremento del presupuesto hasta el 2% del PIB; un plan de choque contra la pobreza severa; o, un plan para abordar la pobreza energética.

El preacuerdo contempla políticas de vivienda, que van desde una Ley de contratos del alquiler que alargue la duración de los contratos con prórrogas automáticas a situar el presupuesto habitacional en 1.000 millones de euros anuales y poner a disposición 5.000 viviendas cada año a través del tanteo y retracto. También se reclama modificar el protocolo de desahucios y ahí aparece la intención de vetar la presencia de los antidisturbios.

El cuarto punto hace referencia a la salud y la apuesta por reforzar la plantilla y una equiparación laboral entre empleados que realizan mismas labores, además de trabajar hacia un sistema sanitario de titularidad, aprovisionamiento y gestión pública. El quinto punto alude al trabajo tanto en el ámbito público (estabilización de 90.000 interinos y temporales) y privado (trabajar por una propuesta de Estatuto de trabajo catalán).

Esquerra y CUP también tienen previsto cambios en el orden público, como la suspensión de las balas de foam hasta que no se publique el protocolo de uso o la retirada de las acusaciones de la Generalitat contra activistas, e impulsar sectores estratégicos públicos, como la implementación de una banca pública, la remunicipalización del agua o la creación de una energética pública.

El resto de puntos hacen referencia a la transición ecológica; el fomento de la ocupación y la industria; el enfoque de los fondos europeos; y, políticas territoriales con visión municipalista.