La Generalitat se muestra partidaria por primera vez de la ampliación del aeropuerto

Aena ha recomendado que el acuerdo entre ayuntamientos y Generalitat para la ampliación del aeropuerto debería llegar antes del consejo de ministros del 30 de julio. Bajo esta premisa, hoy llegaba la primera reunión de la mesa institucional que debía debatir esta cuestión. Al fin y al cabo, se trataría de una inversión cercana a los 1.700 millones de euros, la mayor del Estado en una década, que colmaría buena parte de los anhelos del empresariado catalán. La reunión ha terminado sin acuerdo pero algo se ha movido. La Generalitat, o mejor dicho, ERC, ha dejado atrás sus reticencias y ya se se muestra partidaria del proyecto, aunque con condiciones. De su lado tiene a Junts y al PSC. En frente, a los principales ayuntamientos implicados: Barcelona y El Prat.

Así las cosas, la Generalitat ha optado por el primer mandamiento de la política para tratar la ampliación del Ayuntamiento: ganar tiempo. A la reunión acudieron el president de la Generalitat, Pere Aragonès; el vicepresident Jordi Puigneró; el presidente de Aena, Maurici Lucena; la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera; y representantes de siete municipios encabezados por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el alcalde de El Prat, Lluís Mijoler.

En sede parlamentaria, Aragonès había preferido ponerse de perfil consciente de que a sus socios de legislatura, la CUP, no les hace ninguna gracia. Pero fue Puigneró, de Junts, quien compareció tras la reunión para explicar que la Generalitat trabaja en encontrar soluciones a la ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat lo antes posible. “No queremos bloquear esta inversión”, explicó Puigneró, pero ponen condiciones, que pasan por la creación de una mesa técnica con el conjunto de administraciones para buscar el consenso entre las partes. Además, la Generalitat exige que la El Prat se convierta en un hub (centro de interconexión) para canalizar los vuelos internacionales, una visión de conjunto que incluya inversiones en los aeropuertos de Reus y Girona, una conexión con la alta velocidad ferroviaria y que la ampliación del aeropuerto sea “respetuosa con el cambio climático”. Lo dicho, ganar tiempo ante un acuerdo que se presume harto difícil.

No en vano, en juego está el espacio natural de la Ricarda, protegido por la UE, que cuenta con las simpatías de grupos ecologistas y los ayuntamientos implicados. La presión en las últimas semanas, sin embargo, se ha incrementado a raíz, sobre todo, del acto conjunto del empresariado catalán en Esade. En juego está una cuantiosa inversión de 1.700 millones que, según sus cálculos, incrementaría el peso del aeropuerto de Barcelona sobre el PIB catalán en dos puntos, del 7 al 9%.