El castigo de la mentira

Concentración convocada por colectivos LGTBI+ de Madrid para denunciar las agresiones que sufre el colectivo, en la Puerta del Sol.
Concentración convocada por colectivos LGTBI+ de Madrid para denunciar las agresiones que sufre el colectivo, en la Puerta del Sol. FOTO: Alejandro Martínez Vélez Europa Press

Sí, nuestra Ley castiga la mentira, con la excepción del derecho de cualquier investigado, acusado y procesado a mentir en el seno de un procedimiento judicial, existe la obligación de todo ciudadano a decir la verdad cuando ello va a comportar una determinada respuesta judicial.

En nuestro Código Penal, podemos encontrar distintos tipos en los que se penaliza el faltar a la verdad, y lo cierto es que no resultan desconocidos e inusuales en los juzgados. La conducta es sencilla, basta con mentir, pero la misma debe desarrollarse en un contexto concreto, el del ámbito judicial. Los delitos de falso testimonio, denuncia falsa o simulación de delito, entre otros, castigan precisamente la trascendencia de esa mentira, pues en todo caso debe generar una concreta decisión judicial.

Hace apenas un mes, la sociedad enmudeció cuando se desveló que la fatal agresión sufrida por un joven motivada por su condición sexual, era precisamente una mentira, y puso encima de la mesa un debate sobre cúal es realmente el daño que se produce cuando se incurren en este tipo de conductas.

Con la regulación de estos ilícitos el legislador ha querido proteger a la Administración de Justicia, guardar su respeto, y evitar con el castigo de estos actos que las resoluciones judiciales puedan estar viciadas o contaminadas precisamente por la falaz información que se le ha proporcionado al Juez.

Sin embargo, no podemos negar que con la realización de estas conductas existen otros bienes jurídicos que pueden quedar afectados, como la inocencia del que puede verse señalado por la mentira, el presunto autor de los hechos, pues sobre la base de un engaño puede verse sometido a un procedimiento penal.

Ahora se esta investigando si el joven incurrió en el tipo delictivo conocido de la simulación de delito, pues tras su confesión reconoció que fingió ser víctima de una agresión que nunca existió. Si bien no se exige de la simulación de delito que se señale a una persona en concreto como autor de los hechos, lo cierto es que, en ocasiones se hace de modo tal que las pesquisas policiales que el ilicito simulado ha generado puede conducir a una persona determinada, lo que ya podría integrar el delito de acusación o denuncia falsa.

Así, en todo caso se exige que la infracción simulada se denuncie ante un funcionario que tenga el deber de proceder a su averiguación, comoportando el inicio de una proceso de investigación, que, por otro lado, por sí solo, no es suficiente para la perfecta ejecución del delito, pues se necesita que el mismo genere actuaciones procesales, es decir, que se ponga en marcha un procedimiento judicial.

La simulación debe ser idónea para ello, y manifestada con un temerario desprecio hacia la verdad, siendo incluso que en ocasiones pese a que el sujeto ha mentido, si no se muestra esa deliberalidad exigida, el mismo no se considera cometido. Exagerar los términos de una denuncia ha sido considerado por la Jurisprudencia no de la entidad suficiente para entender que se trate de un ataque a la Administración de Justicia. La simulación de delito trata de mentir, de conocer la falsedad de lo denunciado y de tener conciencia de que esos hechos no se corresponden con la realidad.

Con cada denuncia se activa toda una compleja maquinaria policial y judicial a fin de averiguar la naturaleza y circunstancias del hecho delictivo y las personas que en el mismo han participado, lo que supone una importante inversión de recursos del Estado que devienen del todo inútiles cuando gira entorno a unos presupuestos falsos. Es por ello que nuestro Código Penal castiga diferentes formas de mentir en función de la entidad del engaño empleado, la actuación judicial generada como resultado, los derechos de tereceros afectados y el grado de entorpecimiento generado en el funcionamiento de la Administración de Justicia.

Beatriz García-Valdecasas Alloza es magistrada y miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura