El caso de Canet y la inmersión estallan en Colegio de Abogados de Barcelona: clamor por el 25% de castellano

El caso de Canet de Mar y el acoso a una familia por solicitar el 25% de castellano para su hijo de 5 años ha marcado la actualidad política y social en esta recta final de año. Una polémica que se ha entrecruzado con la histórica sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que tumba el modelo de inmersión lingüística -con el catalán como lengua vehicular y el castellano relegado únicamente a la asignatura de lengua- y que la Generalitat ya ha amagado con desacatar.

Y la controversia ha estallado de lleno en el Colegio de Abogados de Barcelona, con el sector constitucionalista exhibiendo fuerza y músculo y reclamando al Govern que aplique la legalidad e instaure el 25% de español -una asignatura más- en todo el sistema educativo. Este jueves, un nutrido grupo de abogadosha entregado en la sede del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) las más de 1.800 firmas que reunidas en apoyo a la Sección de Derecho Constitucional, que criticó en un comunicado la inacción del Ejecutivo de Pere Aragonès en materia lingüística

Y es que la batalla se ha ido fraguando estos días en el seno de la abogacía barcelonesa: la mencionada Sección de Derecho Constitucional del organismo se posicionó el domingo y calificó de “de extrema gravedad” que el Govern no cumpla la sentencia del castellano. “Atenta de modo frontal contra el principio del Estado de Derecho reconocido en el art. 1 de la Constitución y que es un elemento esencial y estructural de todas las democracias, puesto que se niegan a dar cumplimiento a una resolución judicial firme, so pretexto de disconformidad con su contenido”, deja claro el comunicado.

“Por todo ello, esta Sección de Derecho Constitucional se ve en la obligación de hacer pública su profunda preocupación por los graves hechos descritos, que afectan no solo a la esencia misma del Estado de Derecho, sino también a algo tan fundamental en una democracia avanzada como la nuestra como es el garantizar la protección integral de los menores contra toda forma de violencia y de victimización secundaria, principios estos consagrados por nuestro ordenamiento con rango de Ley Orgánica”.

Ante este manifiesto de la Sección de Derecho Constitucional, tan claro como inusual, la junta directiva no se ha posicionado y permanece en silencio, aunque el independentismo sí se ha movilizado en torno a la figura de Jaume Alonso Cuevillas. Letrado de Carles Puigdemont y diputado de Junts, clamó contra los favorables al bilingüismo -«Me siento profundamente avergonzado por la comunicación de la sección de Derecho Constitucional» del Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB), dijo- y promovió una campaña de recogida de firmas en contra que suma a día de hoy alrededor de 500 adhesiones.

Una cifra que queda muy lejos de los cerca de 2.000 de los abogados constitucionalistas, que hoy han leído un manifiesto para pedir que se respete a la justicia y advertir que si la Generalitat no ejecuta la sentencia del 25% a finales de enero pedirán ellos su ejecución forzosa en defensa de las familias. “Condenamos cualquier discriminación y acoso contra cualquier menor”, ha zanjado la abogada y profesora de Derecho Civil de la Universidad de Barcelona, Chantal Moll, rostro visible de la plataforma.