La oposición acorrala a Colau tras su imputación: “Basta de redes clientelares”

La alcaldesa desoye al código ético de su partido: “La querella tiene intencionalidad política”

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau FOTO: Quique Garcia EFE

Hace unos años, en 2014, pocos meses antes de hacerse con la alcaldía de Barcelona, Ada Colau participaba en el programa de Jordi Évole, Salvados de La Sexta, y defendía que “si me imputaran por corrupción, mi dimisión se sometería a referéndum”, dijo entonces con vehemencia. El código interno de su partido aún va más allá y habla de dimisión inmediata en caso de imputación por delitos de corrupción. La alcaldesa, sin embargo, ha decidido atrincherarse. A su juicio, la querella tiene “intencionalidad política”, escudándose en las 24 querellas archivadas en Podemos y su entorno para desgastar al partido. La oposición, o buena parte de ella, exige la dimisión inmediata de la alcaldesa, mientras el PSC enseña su mejor perfil y ERC todavía no se ha pronunciado.

Sea como fuere, sobre la alcaldesa pesan delitos de presunta malversación, prevaricación y tráfico de influencias, y tendrá que declarar el próximo 5 de marzo. Colau también aseguró que la entidad denunciante es una «asociación fantasma». «La intencionalidad política que hay detrás de esta querella es bastante manifiesta», subrayó. Y añadió que a medida que se acerque la fecha de las elecciones municipales de 2023 esto irá en aumento, en sus palabras. «Me da rabia que se quiera criminalizar a unas entidades sociales y quererlas mezclar con corrupción cuando lo que es la corrupción son grandes empresas con ánimo de lucro que compran políticos y técnicos para tener acceso a contratos públicos.

También explicó que todavía no ha recibido personalmente la citación para ir a declarar, pero que está tranquila y dispuesta a colaborar porque no tiene «nada a esconder», ya que, según defendió, lo hizo todo siguiendo las instrucciones de los servicios jurídicos.

Sus socios de gobierno, el PSC, ha pasado de puntillas sobre el asunto pero es fácil leer entre líneas. A su juicio, “no podemos negar que se trata de una situación anómala para el Ayuntamiento que, en cualquier caso, no afectará al día a día de la institución ni al trabajo del gobierno municipal”. Por ello, respetan la presunción de inocencia de Colau y que le corresponde a ella “dar las explicaciones que crea oportunas, según las normas que tiene establecidas su partido”. Otra vez el código interno asoma.

Los primeros en denunciar la anomalía ética en el discurso de la alcaldesa fueron Ciudadanos y PP. El vicesecretario de política municipal del PPC y concejal en Barcelona, Óscar Ramírez, afirmó que “Colau debería aplicarse el código ético de su propio partido que le obliga a dimitir o ser destituida ante una imputación, tal como ella misma ha defendido en reiteradas ocasiones en diferentes declaraciones públicas”. Ramírez denunció “la red clientelar de asociaciones subvencionadas, afecta a diversos sectores de cooperativas con personas vinculadas al entorno de Barcelona en Comú, obteniendo tratos de favor. Incluso muchas de ellas compartiendo el mismo domicilio social”. El vicesecretario del PP reclamó al PSC que “deje de mirar para otro lado” y rompa su pacto de gobierno con Colau que “tanto está perjudicando el prestigio de Barcelona”, según ha explicado el partido a través de un comunicado. Por otro lado, el presidente del grupo municipal popular, Josep Bou, también denunció “la concesión arbitraria, discrecional y recurrente de subvenciones a entidades amigas, especialmente con la fórmula de contratos menores sin ningún tipo de justificación”.

Desde Ciudadanos, Luz Guilarte, aseguró que “Es absolutamente inaceptable que una persona imputada por delitos tan graves como malversación, prevaricación y tráfico de influencias siga al frente del Ayuntamiento y piense que puede seguir representando a los ciudadanos de Barcelona”. Guilarte acusó a Colau de querer agarrarse al cargo y de actuar “al borde de la ley, dando subvenciones y haciendo contratación pública a sus chiringuitos afines, en el mejor de los casos de manera ideológica, cuando no ilegal”, y aseguró que son prácticas que se producen desde hace tiempo. A su juicio, “estos chiringuitos ideológicos no sirven para nada, no tienen ninguna función más que expandir ideología y crear estados de opinión”.

La presidenta municipal de Junts per Catalunya, Elsa Artadi, señaló que es “la peor alcaldesa desde el restablecimiento de la democracia y la más mentirosa que hemos tenido”. No obstante, subrayó que “no seguirá el ejemplo de Colau con la supuesta cuenta de Xavier Trias en Suiza”, un caso que estalló justo en la campaña electoral de las municipales del 2015 y que la líder de los comunes barceloneses habría aprovechado “para ganar la alcaldía”. “Trias no fue acusado y ella lo tildó de ladrón y mentiroso”, ha recordado Artadi.

Colau, por su parte, preguntada por su dimisión y el código ético, apuntó que «es una hipótesis que se debería presentar más adelante« y ha asegurado que está convencida de su presunción de inocencia y de la del Ayuntamiento. «Estoy convencida de la inocencia y defenderé tanto el buen nombre de las entidades, estoy convencida de que no hay caso”, concluyó.