La desidia del Gobierno con el castellano en Cataluña impulsa la movilización social

El reloj se ha puesto en marcha ya: la cuenta atrás para el final del histórico sistema de inmersión lingüística en Cataluña (vigente desde los años 80, desplegado por Jordi Pujol) se activó el viernes pasado. Desde entonces, se ha abierto un periodo hasta finales de marzo en el que habrá que ver si la Generalitat cumple sus amenazas y desobedece la sentencia que obliga a impartir un mínimo de 25% de horas lectivas en castellano o mantiene el monopolio del catalán en toda la educación. En paralelo, el constitucionalismo se ha organizado y ha iniciado una recogida de firmas para presentar una demanda conjunta ante los tribunales para forzar al Govern a que cumpla. ¿Y el Gobierno? De momento, parece del todo ausente.

Y es que el Gobierno es quien, teóricamente, debería instar a la ejecución de la sentencia del 25% de castellano que dictó en diciembre de 2020 el Tribunal Superior Justicia de Cataluña y avaló el Tribunal Supremo hace dos meses. ¿Por qué? Porque fue el Gobierno quien interpuso el recurso ante los tribunales: aunque también cabe matizar que fue en 2015, cuando en Moncloa estaba el PP. Por las señales que ha enviado hasta ahora, nada invita a pensar que el ejecutivo liderado por Pedro Sánchez, maniatado por sus socios de Esquerra, vaya a reclamar la aplicación de la resolución judicial. El último miembro del Gobierno en hacer referencia ha sido la ministra de Justícia, Pilar Llop, quien hace cinco días sí instó a la Generalitat a cumplir con el fallo, aunque evitó aclarar si Moncloa exigirá la ejecución forzosa si el Govern de Pere Aragonès acaba desobedeciendo.

Y es que, a la ambigüedad del Gobierno a la hora de pronunciarse sobre la sentencia, hay que añadir que las entidades constitucionalistas denuncian también el abandono al que están sometidas por Moncloa. Según explica a este diario la presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), Ana Losada, han pedido reiteradamente una cita con la ministra de Educación desde septiembre, pero no han obtenido ningún tipo de respuesta. La AEB es la entidad que lidera desde hace años la defensa de la educación en catalán y castellano y se ha erigido en referencia en la autonomía, un actor con capacidad y fuerza para la interlocución en este asunto (tal y como lo tiene Plataforma per la Llengua en el bloque independentista).

«Con la ministra de Educación, pedimos entrevista en septiembre, y han recibido petición porque nos lo han notificado, pero no se ha entrevistado con nosotros. Tampoco nos llamó por el tema de Canet de Mar sabiendo que estábamos detrás. No tenemos relación con el Gobierno», señala Losada, recordando también el caso de Canet, en el que los padres de un niño de cinco años consiguieron que el TSJC ordenara que en la clase de su hijo se impartiera un 25% de clases en castellano, lo que conllevó una contundente campaña del independentismo en contra.

Lo cierto es que esta forma de proceder del Gobierno, cautivo del nacionalismo catalán, ha terminado por hastiar al constitucionalismo civil, que se ha organizado para dar la batalla desde la calle y desde los tribunales. Así, la AEB ha organizado una campaña que está dando sus frutos y empieza a dar señales de que el constitucionalismo está cada vez más musculado para derrotar al separatismo. La entidad de Losada lidera la plataforma Escuela de Todos, que agrupa a 14 entidades probilingüismo, y busca adhesiones para forzar al Govern a aplicar la sentencia: en concreto, a estas alturas y en menos de un mes, ya se han recogido más de 300 firmas.

Una cifra que esperan incrementar hasta poder alcanzar las 3.000 firmas a finales de marzo, cuando vence el plazo de dos meses para tumbar la inmersión y empezar a aplicar el bilingüismo en las aulas.

Desde la AEB confirman que instarán a su ejecución forzosa como entidad defensora del bilingüismo. También con otra segunda demanda que agrupará todas las solicitudes de las familias a favor del castellano recabadas por una Escuela de Todos a lo largo de estas últimas semanas, ambas cuando termine el plazo de dos meses, a finales de marzo.

El objetivo hasta entonces es multiplicar esfuerzos para llegar con más fuerza al momento «cúlmen» de este periplo judicial. ¿Cómo? Con más carpas informativas en un mayor número de ciudades catalanas para expandirse principalmente por el área metropolitana. Y es que Barcelona y sus aledaños –además de Tarragona y alrededores– son zonas castellanohablantes, donde más se acentúa la diferencia de lo que ocurre en las aulas con la realidad de la calle.

También han incrementado la difusión con carteles y anuncios para llamar a la movilización social y luchar así contra la desidia del Gobierno, que no ha querido comprometerse con hacer cumplir la sentencia -también puede instar a la ejecución forzosa como única parte personada en e ste caso-.

Otro de los objetivos de las entidades es llegar a los mayores de 18 años con la adhesión, por ejemplo, de la Asociación de Estudiantes con la Libertad. Una de las últimas que se ha sumado a Escuela de Todos con el objetivo de ampliar el foco y atraer a estudiantes de todos los ámbitos, también de Formación Profesional y universitarios, además de a profesores y responsables educativos, cada vez más interesados y volcados con la campaña.

La campaña está dando frutos, como reflejan los datos: Losada recuerda lo difícil que era hace unos años animar a las familias a ir a los tribunales para pedir más castellano y, ahora, está habiendo una marea de personas. Y no solo alumnos, sino que también hay profesores: cada vez hay más que se acercan a las carpas para mostrar su apoyo al trabajo que están haciendo entidades como la AEB, aunque evitan apariciones públicas porque temen reprimendas en sus puestos de trabajo. Muchos de ellos son interinos y su continuidad en las escuelas depende de los directores de cada centro educativo, lo que impide a muchos expresar abiertamente sus posicionamientos.

Losada cree que esto irá a más porque las batallas en los tribunales se van ganando y porque también ayuda a difundir su causa los episodios de acoso, como el de Canet de Mar o el que, probablemente, sufra este domingo la entidad en Vic, ciudad en la que tiene previsto organizar una carpa, pero que la alcaldesa de JxCat, Anna Erra, trata de impedir. «Las sentencias y las informaciones que van saliendo generan un repunte de firmas», señala Losada.

Pero, más allá de la pugna por la obediencia o no, ¿cuándo se debería aplicar la sentencia? ¿De inmediato o habría que aguardar al siguiente curso ya? Según explica Losada, «desde el mismo 20 de marzo, se puede dar cumplimiento». Recuerda que, generalmente, cuando se ha ordenado aplicar el 25% de castellano en un aula, el colegio siempre ha tenido un mes para aplicar el cambio; por tanto, ahora, se puede hacer igual porque es cada centro educativo quien tiene que hacer sus propios cambios (sin esperar órdenes del conseller) y tiene los recursos. «Todos los profesores tienen nivel suficiente para hacer clases en castellano y hay material también», señala Losada. «Otra cosa es que el Govern elabore un calendario para aplicar la sentencia», zanja.