Esquerra exige medidas al Gobierno contra el espionaje para votar el decreto del jueves

Esquerra está muy lejos en estos momentos de votar a favor del decreto del jueves de medidas económicas para paliar los efectos de la Guerra de Ucrania, aunque también son conscientes de que quedan muchas horas por delante en las que el Gobierno tiene margen para adoptar decisiones que cambien el curso de las cosas. En las filas republicanas, el cabreo es monumental. La propia consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, ha querido este lunes ser bastante explícita: “La legislatura pende de un hilo”, ha afirmado en una entrevista en “Rac1″.

En ERC, el malestar crece y crece ante la pasividad del Gobierno, donde son muy contundentes con Pedro Sánchez por no pronunciarse, y por el impacto personal que tiene en las vidas de cada uno de los espiados (contabilizan una sesentena), ya que desconocen qué se pueda hacer con los datos e información recabada en cada uno de los móviles monitoreados. Por eso exigen saber quién ha dado la orden de espiar; qué se ha hecho con toda la información; y, quieren garantías de que esto no sigue sucediendo. Además, exigen la dimisión inmediata de los responsables, aunque evitan concretar quién: se ha señalado mucho a la ministra de Defensa, Margarita Robles, pero evitan ser concretos porque creen que la responsabilidad puede ir más allá de una persona (puede afectar a más de un dirigente gubernamental).

En público, la portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha querido este lunes advertir de que contemplan tanto tumbar el decreto del jueves como el resto de leyes que quedan en esta legislatura. No obstante, los republicanos tampoco quieren precipitarse a la hora de tomar la decisión definitiva, pero advierten que precedentes hay (como la reforma laboral). “Veremos en las próximas horas cuál es la reacción del Estado, cuáles son las medidas”, ha señalado Vilalta.

La portavoz de ERC también ha advertido que puede quedar en riesgo la propia mesa de diálogo, aunque matizó que no renunciarán a un instrumento como el foro para resolver la crisis política catalana. En síntesis: todo está en el aire porque ERC aprieta al Gobierno, pero sigue con el freno echado y evita cruzar la línea roja que dinamite los puentes. Es consciente que la alternativa es la vía de la confrontación defendida por JxCat. La presencia del ministro Félix Bolaños en Barcelona el domingo y el anuncio de abrir una investigación en el CNI sigue lejos de esfumar todo el malestar generado en ERC por el presunto espionaje.

Junts, por su parte, continúa apretando a ERC, aunque se desmarca de Carles Puigdemont y templa la respuesta por el presunto espionaje: la dirección posconvergente llama a “romper relaciones políticas” con el Gobierno -en un inequívoco mensaje de presión a ERC- y exige una comisión de investigación para “depurar responsabilidades”, aunque echa mano de su particular pragmatismo y descarta romper los pactos con el PSC en la Diputación y en los distintos ayuntamientos catalanes en los que gobiernan en coalición. Un botín que Junts no quiere dejar escapar a un año de las elecciones municipales de 2023, donde se juega parte del futuro del partido.

Así de claro lo ha dejado el aún secretario general de la formación, Jordi Sànchez, en una comparecencia tras la reunión interna de la ejecutiva y apenas unas horas después de que el Consell per la República, el órgano parainstitucional que dirige Puigdemont desde Waterloo, pidiera acabar con cualquier pacto con los socialistas a nivel local. “Supone banalizar el escándalo” por el presunto espionaje, ha zanjado el dirigente cerrando la puerta por el momento a despojarse del poder en entes tan influyentes como la Diputación de Barcelona. Para la entidad que preside Puigdemont, las medidas anunciadas por Moncloa son insuficientes.

El Gobierno ha anunciado cuatro medidas: la apertura de un control interno en el CNI a petición de este organismo para “analizar las actuaciones y medidas existentes”; la plena disposición del CNI para facilitar en las actuaciones que iniciará el Defensor del Pueblo para investigar lo ocurrido; la petición de la constitución inmediata de la Comisión de Secretos oficiales en el Congreso para que comparezca la directora del CNI; y, la disposición para colaborar con la Justicia desclasificando información si es necesario.