Intoxicar en español

Solo el más cerril de los padres se puede negar a que su hijo estudie o conozca otro idioma. Enviamos a nuestra prole incluso a estudiar fuera para que aprendan inglés, no por gusto, sino para manejen con soltura esa herramienta que les facilite la vida laboral. Eso es lo natural, que los padres procuren que sus hijos triunfen en su entorno. Sin embargo, cuando la ideología pisotea ese impulso natural para cumplir un objetivo político, limitando con eso el desarrollo de los hijos, estamos describiendo una situación psiquiátrica equiparable a sabotear el homenaje a las víctimas de los atentados del 17-A.

El idioma ya no es el hecho diferencial, sino el equilibrio mental, la elección entre la lógica humanista y el fanatismo enloquecedor. Es absurdo que tenga que ser un Tribunal quien dicte que en la escuela se enseñe en dos idiomas. Tendría que ser una exigencia de los padres, que en caso contrario deberían utilizar su voto para echar a un Gobierno que usa a sus hijos como carne de cañón de un proyecto político.

No está de más recordar que el único sentido de un Gobierno es velar por el ejercicio libre de los derechos individuales, sobre todo de los más indefensos. Esta es la democracia que prospera. Lo contrario, cuando la población es una pieza moldeable para lograr un plan ideológico, es una dictadura que empobrece. Esto es lo que está pasando en Cataluña: un Gobierno que quiere moldear una sociedad a costa de la riqueza económica y cultural de sus habitantes.

España sigue siendo una democracia porque hay contrapesos. Por eso ha disgustado tanto la sentencia del Tribunal Superior de Justicia entre los nacionalistas, que quieren tener un sistema autoritario que dicte sin frenos ni control. Hacer la guerra a una sentencia evacuando otra ley o regateando con alegatos de leguleyo a costa de la educación de una generación de catalanes, debería pagarse en las urnas. Ahora bien, en ese juego de contrapesos podría haber actuado el Gobierno de España blindando el bilingüismo con un simple recurso al Tribunal Constitucional, porque es evidente que se vulneran los artículos 14 y 27 de la Constitución, los relativos a la igualdad y a la educación. Contar esto no es intoxicar.

No es intoxicar echar de menos a un Gobierno que vele por el cumplimiento de la Constitución en cualquier parte de España. A un Presidente que sea el símbolo de la libertad para todos, en el que se pueda confiar cuando hay un pulso al orden constitucional. ¿Es mucho pedir a Sánchez que aparque su ambición personal cuando no coincide con la garantía de los derechos de los españoles?

Quizá se pueda ver desde otro punto de vista, el de la conexión entre ingenieros sociales empeñados en dictar proyectos ideológicos. Es posible que a los socialistas no les chirríe que los nacionalistas tomen la educación y la cultura como una forma de adoctrinar porque comparten métodos, aunque con ello se empobrezca a la población. No lo olvidemos, forzar a una población a enterrar un idioma es empobrecerla.

Una prueba de este desquiciamiento impropio de una democracia es que tenga que ser una asociación la que ocupe el lugar del Gobierno en la defensa de la Constitución. Imagino que dar noticia de que existe una Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña, que reclama el cumplimiento de una sentencia para la mejor educación de sus hijos es un acto de evidente fascismo, un estorbo a la labor de la coalición progresista, y una intolerable intoxicación.

Habrá quien diga que este artículo intoxica porque no soy catalán ni vivo en Cataluña. Dirán que no tengo derecho a hablar, y menos en español, de que un Gobierno ideológico pisotee derechos. Bueno, pues confieso cometer ese delito de apropiación cultural. Quedo a la espera de que los woke progres y nacionalistas dicten sentencia de ostracismo, saquen las antorchas y quemen mis libros.