El falso repartidor que violó a cuatro mujeres en Barcelona

La sección 9 de la Audiencia de Barcelona ha suspendido hasta este miércoles, a petición de la defensa, el juicio a un falso ‘rider’ acusado de tres delitos de abuso sexual y uno de agresión sexual a vecinas de fincas de Barcelona para estudiar nuevas pruebas y testigos aportados por la fiscal.

En la primera sesión del juicio este lunes, la fiscal ha explicado que los hechos sucedieron entre noviembre de 2020 y enero de 2021, y que en un principio había cinco víctimas, pero una de ellas se ha retirado de la acusación.

La fiscal, a raíz de “una investigación hecha durante los últimos días” ha aportado como nuevos testigos a cinco policías, uno de ellos de la Policía Nacional y los otros de la Unidad Central de Agresiones Sexuales (Ucas) de los Mossos d’Esquadra, además de a un médico forense.

Ha detallado que uno de los agentes de la Ucas es un analista criminal, y ha explicado que si el tribunal admite a este testigo “es un avance en enjuiciamiento en material sexual”, ya que, por el momento, solamente se han admitido las pruebas de los analistas criminales en casos de homicidios, y no en agresiones sexuales.

Durante la sesión también ha explicado que al acusado, de 32 años, le constan antecedentes de intento de homicidio, lesiones graves y amenazas a funcionarios policiales en Chile en 2013, hecho que motivó su expulsión del país.

Tras los abusos sexuales y la agresión sexual en España, el acusado entró en prisión --donde actualmente sigue-- y, estando en la cárcel, “forzó una pareja de hecho con una mujer, coincidiendo con el momento en el que le llegó un expediente de expulsión del territorio español”.

En España, el acusado pidió el Número de Identidad de Extranjero (NIE) y “hubo un error administrativo y se le asignaron dos NIEs”: en uno le constaba la causa de expulsión del territorio español y, con el otro, pidió una tarjeta de residencia del país, aunque al formalizar la pareja de hecho observaron que la misma persona tenía dos NIEs.

En el escrito de acusación, la fiscal había pedido 19 años de cárcel, aunque en esta sesión del juicio ha modificado las penas y ha expresado que, en caso de condena, el acusado cumpla tres cuartas partes de la pena de prisión y, posteriormente, se le expulse del territorio español sin poder volver a acceder durante 10 años.

Asimismo, ha pedido que las víctimas declaren a puerta cerrada --con una mampara o por videoconferencia--, pero con posibilidad de que los medios de comunicación puedan seguir sus declaraciones desde una sala contigua y con sus voces distorsionadas: “Es muy importante que se sepa cómo se han sentido durante todo este tiempo por culpa de este violador serial”.

Por su parte, el abogado de la defensa, durante su turno de cuestiones previas, ha explicado que el acusado ha añadido 4.500 euros a una cuenta bancaria para contribuir en la reparación de daños de las víctimas.