La Sareb dejará de desahuciar en Barcelona

La Sareb, el llamado “banco malo”, y el Ayuntamiento de Barcelona han acordado “regularizar” y firmar contratos de alquiler social con casi 300 familias que vivían sin contrato en pisos de su propiedad, de los 824 que el organismo tiene en la ciudad. Además, la Sareb se ha comprometido a no desahuciar a familias con vulnerabilidad acreditada por el Ayuntamiento que estén siendo atendidas por Servicios Sociales municipales.

La concejal de Vivienda de Barcelona, Lucía Martín, ha explicado en rueda de prensa este jueves que el primer paquete de contratos de alquiler a 68 viviendas, en las que habitan 123 adultos y 93 menores, ya se están firmando, y cifra en cerca de unas 1.000 el total de personas que quedarán “protegidas” por el acuerdo.

Con una oferta de alquiler a 7 años de entre el 12 y el 30% de los ingresos del inquilino, según cada caso, la Sareb “está asumiendo un cumplimiento estricto y escrupuloso de la Ley de Emergencia Habitacional 24/2015″ y también protegerá a familias con otras situaciones de vulnerabilidad no establecidas por ley, ha sostenido Martín.

Según el registro de la propiedad, la Sareb dispone de 824 viviendas en la ciudad: unos 300 estarán protegidos por el nuevo acuerdo y otros 150 ya están cedidos a alquiler social en una operación a la que le falta agregar 50 pisos vacíos más, suponiendo un 60% del parque de la Sareb a alquiler social, ha celebrado Lucía Martín.

Respecto a la imposibilidad de ejecutar desahucios, el entendimiento entre la Sareb y el Ayuntamiento incluye detener los procesos de desalojo en curso para poder estudiar su regularización. Sin embargo, las entidades en defensa del derecho a la vivienda y el Ayuntamiento han vuelto a requerir al “banco malo” que traspase todos los inmuebles que tiene en la ciudad al consistorio.

“Es un acuerdo que puede abrir camino en otros ayuntamientos y ser ejemplo para grandes tenedores”, ha defendido Lucía Martín, que ha afeado a la Generalitat estar -en sus palabras- absolutamente despreocupada de la emergencia habitacional en Barcelona y le ha pedido que asuma su responsabilidad.

La concejal ha reivindicado el papel del gobierno municipal de Ada Colau en materia de vivienda, con una disminución del 17% de ocupaciones en la ciudad entre el tercer trimestre de 2019 y el de 2022, y un aumento del gasto municipal en realojamientos de emergencia que ha pasado de 3,5 millones de euros en 2025 a los cerca de 25 millones en 2022.

“Si queremos menos ocupaciones, lo que hacen falta son más políticas de vivienda”, ha afirmado, y ha pedido que la futura ley estatal de vivienda incluya la exigencia a grandes tenedores de hacer alquiler social para reforzar la legislación catalana en la materia y la regulación de los alquileres.