Nuevo frente abierto en Barcelona por el exceso de motos en las aceras

Barcelona es la ciudad con más motos de Europa (con unas 270.000, un tercio del censo de los vehículos). Debido a ello, son muchos los usuarios que las estacionan encima de las aceras, lo que genera una gran polémica vecinal, que reprochan al Ayuntamiento su desinterés por esta política. De hecho, ningún gobierno municipal ha abordado este frente. Esta vez es el síndic de greuges de Barcelona quien pide liberar estos espacios de motos.

Se trata de una de las reivindicaciones del informe anual del defensor del pueblo de la capital catalana, David Bondia, sobre el mal uso del espacio público de Barcelona. Bondia llama al consistorio a mitigar los problemas de convivencia que genera el exceso de motoclicletas aparcadas en las aceras y a «liberar el espacio público» que ocupan estas.

Ayer, en la presentación del informe 2023 de la Sindicatura de Greuges de Barcelona, aseguró que no pretende «ir en contra de las motos», sino hacer una reflexión para que no se obstaculice la movilidad de gente mayor o con movilidad reducida. Por su parte, su directora adjunta, Eva García, puso el foco en las motos de alquiler, utilizadas mayoritariamente por turistas, y que hacen un uso excesivo del espacio público.

Pero, según el síndic, la convivencia de la ciudad también se ve amenazada por la «turistificación de la ciudad», por lo que llama a hacerlo compatible con la garantía de los derechos de proximidad. Además, el informe asegura que la «alta ocupación» por parte de las terrazas de bares y restaurantes es otra de las causas, y pide un seguimiento de las que incurren en irregularidades y apuesta por no renovar permisos si hay reincidencia de infracciones.

Entre las demás recomendaciones del informe también destacan aquellas relacionadas con la vivienda. La sindicatura asegura que, respecto a la gestión de la vivienda pública, hay una falta de comunicación entre los residentes y el Ayuntamiento. «Hay que implantar un modelo de atención próxima y proactiva hacia el vecindario, fomentar su corresponsabilidad y revisar las viviendas a menudo», afirmó Bondia.

El documento, además, llama a mejorar el alojamiento de emergencia y propone revisar el presupuesto que se invierte en estas pensiones y albergues. Según Bondia, estos recursos se podrían destinar a ayudas para alquileres y a personas afectadas por desahucios. El síndic indicó que, en muchas ocasiones, la estancia de familias en estos alojamientos no es para un periodo de tiempo corto, y que no son «un lugar adecuado para desarrollar el derecho a una vida familiar».

Otra de las recomendaciones es una mayor participación ciudadana en materia urbanística. En concreto, reclama al consistorio que ante los cambios en planteamientos iniciales, se advierta a través de canales de participación.

Durante la presentación, Bondia ha señalado que la administración «se percibe como poco ágil y muy burocratizada». «La atención ciudadana no pone las facilidades necesarias para resolver los temas de la ciudadanía. Estamos en el siglo XXI con una administración del siglo XX», afirmó.

Según el informe, en 2023 el Ayuntamiento aceptó el 86,4% de las 596 recomendaciones emitidas por la Sindicatura: aceptó el 63,3%; aceptó «parcialmente» el 23,1%; no aceptó el 5,7%, y el 7,9% están «sin definir». De las 1.201 intervenciones realizadas, 583 fueron quejas; 10, actuaciones de oficio; y 608, asesoramientos técnicos y jurídicos. Del total, 596 se han convertido en resoluciones dirigidas al consistorio, en las que el derecho a la buena administración es el más afectado (26%).