Cataluña avanza hacia el cierre nuclear sin un plan realista para sustituir el 56% de su electricidad

Cataluña ha entrado de lleno en una encrucijada energética. Por un lado, en el Congreso de los Diputados no prosperó la votación que iba a prorrogar la vida útil de las centrales nucleares. Por otro, el Govern sacaba adelante esta semana en el Parlament un decreto para acelerar las renovables y regular por primera vez la instalación de baterías. De nuevo, pues, se abre un debate sobre el futuro energético de la comunidad. Un futuro marcado por un dato difícil de ignorar: el 56% del suministro eléctrico de la comunidad procede de Ascó I y II y Vandellós II, los tres reactores nucleares que hay en Cataluña.

La cuestión no es si habrá transición, sino si Cataluña puede permitirse prescindir de la energía nuclear antes de contar con un plan alternativo sólido. Esa es la preocupación que atraviesa tanto a los expertos como a buena parte del tejido económico.

En este sentido, Cataluña es el territorio más nuclearizado de la península. En 2024, las centrales de Ascó y Vandellós aportaron más del 59% de la electricidad consumida, con factores de capacidad cercanos al 90%. Aun así, la comunidad tuvo que importar un porcentaje considerable de su energía, debido a un parque de renovables muy reducido.

Hoy, solo alrededor del 20% de la electricidad catalana es renovable, una cifra que queda muy lejos de lo registrado en el conjunto de España. El Govern mantiene como objetivo llegar al 50% renovable en 2030, pero el despliegue real continúa bloqueado por obstáculos urbanísticos, judiciales y administrativos.

En este sentido, fuentes expertas consultadas por La Razón consideran que renunciar a las nucleares sin un plan robusto es “un error histórico”. “Los catalanes pagarán caro que Ascó I y II y Vandellòs dejen de estar operativas”, recuerda un consejero del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que prefiere permanecer en el anonimato. Dice, además, que cerrar el 56% de la generación eléctrica “aumentará aún más la dependencia de energía exterior”. También apunta en esta dirección Alfredo García, supervisor de Ascó y conocido divulgador por su pseudónimo de “Operador Nuclear”.

Un calendario “irreal”

Alfredo García es categórico: Cataluña no está en condiciones de sustituir en 2035 ese 56% de electricidad con renovables y gas. “Cataluña llega tarde y corta de potencia firme”, afirma. Recuerda que en 2024 solo se añadieron 79 MW de renovables frente a los 15 GW previstos y que, sin las nucleares, “ese 56% lo cubriría esencialmente con gas natural, aumentando precios y emisiones”.

Para “Operador Nuclear”, la receta es clara: “mejorar la red, instalar más renovables y añadir almacenamiento para absorber el crecimiento de la demanda… y mantener las centrales nucleares mientras sean seguras y necesarias. Es lo que está haciendo prácticamente todo el mundo”.

El experto advierte de que incluso acelerando el despliegue, Cataluña tendría que “multiplicar por cinco” su capacidad instalada, desbloquear trámites, reforzar la red y construir almacenamiento masivo. Y aun así, “no cubriría la estabilidad que dan Ascó y Vandellós”. Otra alternativa sería importar masivamente electricidad de Francia, cuya producción es mayoritariamente nuclear. “Importar más de la mitad de tu electricidad no es una estrategia: es una enorme vulnerabilidad”, alerta. Según las estimaciones de PwC que cita, la industria catalana pagaría 265 millones más al año en ese escenario.

¿Un cierre técnico o un cierre político?

Tanto García como fuentes del CSN, coinciden en que el calendario responde a decisiones políticas, no técnicas. “Son cierres estrictamente políticos”, afirma García, recordando que las centrales españolas cumplen los estándares más exigentes del Consejo de Seguridad Nuclear, del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) y de la World Association of Nuclear Operators (WANO), con auditorías y renovaciones constantes. “La vida de diseño de 40 años es un mínimo, no una caducidad”, explica, citando el caso de North Anna, gemela de Ascó, ya autorizada para operar hasta los 80 años en Estados Unidos.

Otras fuentes añaden que las centrales “son más seguras ahora que hace 40 años”, gracias al progreso tecnológico y a las medidas de protección incorporadas. “Lo de cerrar las centrales a los 40 o 50 años es un disparate”, sostienen.”.

Esta misma fuente apunta que la nuclear evita cada año 20 millones de toneladas de CO₂ en España y subraya que, tras las renovables, es “sin ninguna duda, la energía más verde”. También insiste en que aporta independencia frente a proveedores externos: “depender del gas exterior es un problema; si hay tensiones políticas y te cortan el suministro, el daño es enorme”. A su juicio, por ese motivo “la percepción pública está cambiando y la gente es cada vez más pronuclear”.

En cuanto a los residuos, que es el principal argumento de los que se oponen a este tipo de energía, todas las fuentes consultadas coinciden: son completamente seguros. García recuerda que su gestión es “una de las actividades más reguladas de la industria”, con contenedores diseñados para resistir impactos, incendios e inundaciones, sin necesidad de alimentación eléctrica. “En más de 60 años nunca han causado daños a la salud”, afirma. Para él, el obstáculo no es técnico: “es político y de percepción pública”.

Mientras Naciones como Estados Unidos, Francia, Japón o Corea del Sur amplían su parque nuclear (hay 495 centrales en anuncio de construcción), y la opinión pública es cada vez más favorable a las centrales, España y Cataluña avanzan hacia un cierre sin tener listo un sustituto equivalente.

El recién aprobado decreto catalán sobre renovables y baterías apunta en la dirección correcta, pero llega tarde y no aborda la magnitud del desafío: suplir en apenas una década más de la mitad de la electricidad de Cataluña sin aumentar emisiones ni hundir la competitividad industrial.