Cuenta atrás para prohibir la compra de vivienda especulativa en Cataluña

El pleno del Parlament ha aprobado hoy pedir al Govern que presente, antes del primer trimestre de 2026, un paquete de medidas para regular la compra de viviendas con finalidades especulativas. La iniciativa se ha planteado como una respuesta al encarecimiento del mercado residencial y al creciente debate sobre el impacto que la inversión inmobiliaria está teniendo en el acceso a la vivienda habitual.

La propuesta ha salido adelante mediante dos mociones impulsadas por ERC y la CUP, prácticamente idénticas, que han recibido el apoyo de PSC-Units, ERC, Comuns y CUP, mientras PP, Vox y Aliança Catalana han votado en contra y Junts se ha abstenido.

La Cámara también ha acordado que el Govern presente antes de finales de 2025 la evaluación interna que ya está realizando sobre esta regulación, y que el desarrollo de las futuras medidas se realice en diálogo con los distintos grupos parlamentarios. Aunque no se han concretado los contenidos del paquete legislativo, la iniciativa se ha interpretado como un paso hacia una posible intervención pública más contundente sobre el mercado, especialmente en las zonas urbanas con mayor presión.

La regulación de la compra de viviendas con fines de inversión llevaba meses ganando protagonismo en la agenda catalana, especialmente después de la publicación de un informe jurídico del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB) que avalaba la legalidad de limitar adquisiciones en zonas tensionadas. A partir de ese momento, el debate se ha acelerado: el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expresado su disposición a estudiar la medida y ha encargado en noviembre informes jurídicos adicionales a la conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica.

Formaciones como CUP, Comuns y ERC han defendido la necesidad de intervenir ante lo que consideran compras masivas orientadas únicamente a obtener rentabilidad y que, según ellas, expulsan a residentes tradicionales y dificultan el acceso a jóvenes y clases medias. Los Comuns incluso habían registrado una proposición de ley y puesto en marcha un grupo de trabajo con el Govern que tenía previsto presentar conclusiones a inicios de enero. Los defensores de la medida han señalado que Cataluña se enfrenta a una situación de difícil acceso a la vivienda y que la actuación pública debe adaptarse al nuevo contexto. Los grupos favorables han coincidido en que limitar determinadas operaciones especulativas no equivale a atacar la propiedad privada, sino a garantizar que la vivienda siga siendo un bien accesible para la mayoría.

Los grupos contrarios han expresado argumentos de signo muy diferente. Junts, aunque no ha votado en contra, ha criticado que se plantee una regulación sin reforzar previamente la construcción de vivienda pública. La formación ha sostenido que la falta de obra nueva protegida es el problema principal y que, sin un aumento de la oferta, cualquier medida restrictiva sería insuficiente. PP, Vox y Aliança Catalana han votado en contra. El PP ha argumentado que la regulación podría chocar con el marco jurídico español y europeo.

Vox ha atribuido el problema de fondo a lo que define como “burocracia y fiscalidad excesiva”, que, en su opinión, encarece la construcción y frena la creación de nueva oferta. AC ha defendido que la situación deriva de políticas migratorias y ha advertido de que limitar compras afectaría también a pequeños propietarios.