Después de unos primeros meses en los que el establishment económico catalán vio esperanza en la llegada de Salvador Illa al poder, un hombre de consensos, amigo de la institucionalidad, de la centralidad y del mercado, llegó la decepción. Ver las cada vez más evidentes cesiones de la Generalitat a los comunes, contrarios a la libertad económica y favorables a intervenir el mercado, especialmente en sectores tan críticos como el de la vivienda, y de una alta fiscalidad, hizo que el empresariado catalán se preguntara a qué jugaba Illa con ese tripartito encubierto, formado por PSC, ERC y los comunes.

Tanto es así, que el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, llegó a decir en una entrevista que el acuerdo para regular los alquileres de temporada que habían cerrado desde el PSC hasta la CUP, a instancias de los comunes y de ERC, era “el mayor atentado a la propiedad privada en toda la historia de la democracia”. Del mismo modo, instó a Illa a explorar pactos con Junts, quien, a su modo de ver, es el partido cuyas propuestas económicas más encajan con las de los intereses empresariales.

Días después, Jaume Guardiola, presidente del Cercle d’Economia, le espetó a Illa, delante de toda la plana económica, empresarial y política de Cataluña, que algunos de sus pactos no estaban gustando nada. Igual que su homólogo de Foment, invitó al presidente a “explorar pactos más transversales" y alejarse de los extremos, en clara referencia a ERC y los comunes. Illa, por su parte, en cada intervención seguía defendiendo su apuesta por intervenir y regular el mercado para solucionar el problema de la vivienda.

Un gobierno "business friendly"

Esta grieta que se había abierto parece haberse hecho más pequeña después de la presentación del líder del PSC del proyecto para ampliar el aeropuerto de El Prat, una reivindicación del poder económico catalán ya desde hace años. El diagnóstico de Illa es claro: la ampliación es una condición necesaria para que Cataluña genere más prosperidad y para que vuelva a ser el motor económico de España.

Por su parte, el consenso es evidente entre los principales actores del poder económico. Las entidades que conforman el llamado G-8, la Cámara de Comercio de Barcelona, Pimec, RACC, Cercle d’Economia, Barcelona Global, FemCat, el Colegio de Economistas y Fira de Barcelona, han expresado su apoyo al proyecto, al que califican de “una buena noticia para Cataluña”. Desde la patronal, Foment, por ejemplo, estiman que el proyecto supondrá un incremento de casi el 2% del PIB catalán.

Esta “reconciliación” entre Illa y el empresariado ha sido escenificada por el presidente de Foment, quien ha comparado los ejecutivos del PSC y el de su antecesor, el de ERC liderado por Pere Aragonès, y ha expresado que el del socialista es más "business friendly". "Que el Govern del señor Illa haya sido capaz y haya tenido la valentía de anunciar ayer la ampliación del aeropuerto, para nosotros esto tiene un valor fundamental, tiene un valor que es lo que dijo durante la campaña electoral, que siempre dijo o dio a entender que la ampliación del aeropuerto sería una realidad", ha afirmado.

Ha recordado, además, que Foment trabajó en la etapa del republicano durante un año con una comisión que se tradujo en 11 propuestas para el enclave, pero que el acuerdo no fue posible: "Aquello fue, yo creo, un desencanto y una pérdida de confianza de la credibilidad empresarial que podía tener el señor Aragonès".

En definitiva, la apuesta de Salvador Illa por la ampliación del aeropuerto ha servido como gesto clave para restablecer puentes con el tejido económico catalán, que había empezado a distanciarse por sus alianzas con fuerzas de corte intervencionista. Aunque persisten las dudas sobre la dirección económica del Govern, el respaldo unánime del poder económico al proyecto y los elogios de Foment del Treball reflejan un cambio de clima.