El PP, dispuesto a negociar los presupuestos catalanes "con condiciones"

El año pasado Cataluña no logró aprobar unos nuevos presupuestos. El ejecutivo de Salvador Illa no consiguió articular una mayoría suficiente, ya que ERC y los Comuns, sus socios de investidura, se negaron a avalar las cuentas al considerar que el PSC no estaba cumpliendo suficientemente con los compromisos pactados. El resultado fue la prórroga de los presupuestos de 2023, que se mantienen en vigor gracias a tres suplementos de crédito aprobados por el Parlament.

Desde entonces, los portavoces de ERC y de los Comuns han reiterado en numerosas ocasiones que, de cara a las cuentas de 2026, su posición seguirá siendo la misma: el PSC tendrá que cumplir con los acuerdos de investidura si quiere su apoyo. En el caso de los republicanos, reclaman avances sustanciales en "soberanía", especialmente en la llamada financiación singular para Cataluña. Mientras tanto, los comunes exigen medidas más radicales en vivienda e intervención pública del mercado y de la economía.

Líneas rojas

En este contexto, el debate sobre las próximas cuentas comienza a perfilarse y, aunque los focos siguen puestos en ERC y los comunes como socios preferentes del PSC, el Partido Popular ha abierto la puerta a sentarse en la mesa si el Govern les convoca. Eso sí, con condiciones muy claras.

La formación de Alejandro Fernández, con 12 diputados en el Parlament, no se perfila como un actor decisivo para la aprobación de las cuentas por pura aritmética parlamentaria. Sin embargo, no descarta acudir a la mesa si el Govern decide convocarlos. “Si nos citan para explicarnos esos presupuestos para 2026 iremos a escuchar”, señalan desde el grupo, subrayando que su participación sería meramente testimonial si en las cuentas se trasladan algunos límites.

En este sentido, los populares insisten en que su línea roja es innegociable: no avalarán ninguna medida que tenga como base los pactos de investidura suscritos entre socialistas y republicanos. Según fuentes del partido, apoyar unos presupuestos que contengan elementos de ese acuerdo equivaldría a contribuir al “desmantelamiento del Estado en Cataluña”.

Además, desde el PP advierten que tampoco respaldarán unas cuentas que perpetúen lo que definen como una "macroestructura política" y un "infierno fiscal". En palabras de un portavoz, “nuestro modelo para Cataluña es totalmente contrario al que aplica Salvador Illa a las órdenes de ERC”. La apuesta de los populares, remarcan, pasa por rebajar la presión fiscal y situar la mejora de los servicios públicos en el centro de la acción política.

Acusaciones al Govern de Illa

Durante toda la legislatura, el PP ha acusado al Govern de Illa de continuar con la “agenda del procés por la puerta de atrás”. En opinión de los populares, la llegada del líder socialista a la Generalitat no ha supuesto un verdadero cambio de etapa, sino una continuidad de las cesiones al independentismo.

Un ejemplo de ello, señalan, es el compromiso del ejecutivo catalán de transferir a los Mossos d’Esquadra las competencias en materia de fronteras, actualmente en manos de la Guardia Civil y la Policía Nacional. También denuncian que se han incrementado las subvenciones destinadas a la promoción del catalán, lo que a su juicio refleja la “expulsión progresiva del Estado de Cataluña”.

Más allá del componente político, el PP carga contra la gestión económica de la Generalitat. Aseguran que Illa ha incrementado el gasto público de forma desmesurada, elevando el número de asesores y ampliando la macroestructura administrativa. Para los populares, esto constituye un “despilfarro” que lastra a los contribuyentes catalanes.

En contraposición, su receta pasa por reducir el gasto superfluo, simplificar la administración y priorizar la financiación de los servicios públicos básicos. El portavoz lo resume con contundencia.

De momento, el Govern mantiene que sus socios preferentes seguirán siendo ERC y los Comuns. No obstante, el PP se abre a estar presente en la mesa si se les convoca, aunque con la advertencia de que sus condiciones hacen prácticamente inviable un acuerdo mientras los socialistas dependan de sus aliados independentistas.