Entidades independentistas critican el Pacto Nacional por la Lengua

Las principales entidades independentistas han salido este miércoles a criticar el Pacte Nacional per la Llengua, firmado ayer por el Govern, el PSC, ERC, los Comuns y una veintena de organizaciones de la sociedad civil. Aunque algunas de estas entidades han dado su apoyo al texto, como Plataforma per la Llengua, otras como la Assemblea Nacional Catalana (ANC) se han desmarcado del acuerdo, denunciando su falta de ambición y la exclusión de actores clave en su redacción.

Críticas con matices desde Plataforma per la Llengua

El presidente de Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, ha explicado en una entrevista que la entidad ha decidido sumarse al pacto a pesar de considerarlo incompleto. “Si el pacto lo hubiera escrito Plataforma per la Llengua sería más ambicioso y tendría más recursos", ha asegurado refiriéndose al plan que dedica 255 millones de euros. Según Escuder, el acuerdo contiene elementos positivos, pero adolece de medidas realmente efectivas, especialmente en el ámbito de la salud, donde no se plantean mecanismos para hacer cumplir la legislación lingüística vigente.

Escuder también ha señalado que el sector educativo queda cubierto de forma “muy inconcreta” y que, en general, faltan recursos para implementar muchas de las más de 200 medidas previstas. Aun así, la entidad ha optado por apoyar el pacto para poder ejercer una fiscalización más legítima de su cumplimiento. “El 13 de noviembre, si no han publicado el informe sobre legislación estatal discriminatoria con el catalán, les leeremos la cartilla", ha advertido.

La ANC denuncia su exclusión

Por su parte, la ANC ha sido mucho más contundente. En un comunicado, la entidad presidida por Lluís Llach ha calificado el pacto de “insuficiente” y ha lamentado no haber sido invitada a participar ni a hacer aportaciones, a pesar de su trayectoria en defensa de la lengua catalana. Según la Assemblea, el pacto no está a la altura de la “magnitud de los resultados de la última Enquesta d’Usos Lingüístics” y consideran que “formar parte de España condena la lengua y la identidad a ser residuales”.

La entidad cuestiona que el pacto pueda traducirse en mejoras en ámbitos clave como el comercio, la justicia, la sanidad, la oferta cultural o la enseñanza del catalán en el exterior. También reprochan al Govern haber excluido de la negociación a entidades activas como la suya: “¿La 'normalidad' del país implica excluir de los 'pactos nacionales' a entidades que están trabajando activamente?”, se preguntan en el texto.

El Govern defiende el pacto como transversal y de consenso

Ante las críticas, el conseller de Política Lingüística, ha defendido el pacto como una herramienta de consenso para recuperar el acuerdo político y social en torno al catalán. “El pacto agrupa muchas sensibilidades muy amplias: tenemos a sindicatos, entidades de la lengua, asociaciones del tercer sector...", ha afirmado. También ha lamentado que formaciones como Junts y la CUP se hayan retirado en el último momento, a pesar de haber participado en su redacción inicial.

El conseller ha criticado que Junts supedite su firma a decisiones del Tribunal Constitucional o del Consejo de la Unión Europea respecto al estatus del catalán: “Modestamente, creo que podemos pactar muchas cosas en nuestra casa, como hemos hecho los últimos cuarenta años".

Fiscalización y vigilancia como estrategia

Desde Plataforma per la Llengua aseguran que el apoyo al pacto no significa un cheque en blanco. “Nosotros continuaremos, como hacemos siempre, analizando las políticas que hacen los gobiernos", ha advertido Escuder. La entidad se compromete a vigilar que se cumplan los compromisos adquiridos por el Govern, y considera que haber dado su apoyo les da mayor legitimidad para ejercer esa función.

En un contexto de caída del uso social del catalán y de creciente polarización política, el Pacte per la Llengua se enfrenta ahora al reto de convertirse en una herramienta real de transformación, más allá del gesto institucional. Las entidades independentistas, divididas entre el escepticismo y la vigilancia activa, parecen no estar del todo convencidas.