La Generalitat de Cataluña cede ante los radicales de la CUP y casi elimina la intervención policial en los desahucios de "okupas"

La presencia de los antidisturbios de los Mossos d’Esquadra en los desahucios se ha reducido un 23 % con la entrada en vigor del nuevo protocolo del departamento de Interior, mientras que el área de mediación ha intervenido en el 40 % de los desalojos en los que ha participado la policía catalana.

El conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, ha hecho balance este lunes a través de su cuenta de twitter del nuevo protocolo sobre la intervención de los Mossos en los desahucios, presentado el pasado mes de noviembre.

El nuevo protocolo excluye la presencia de los agentes de orden público en los desahucios, excepto por mandato judicial o en situaciones de riesgo elevado, y prioriza el diálogo a la intervención policial.

De esta manera, durante los tres primeros meses de funcionamiento del nuevo protocolo, la ARRO ha intervenido un 23 % menos, según las cifras aportadas por el conseller.

En términos globales, los agentes de orden público sólo han actuado en el 0,2 % de todos los desalojos que se han realizado en Cataluña.

En cambio, el área de mediación se ha activado en el 40 % de los desahucios en los que ha participado la policía catalana durante el último año.

Elena señala en las redes sociales que un desahucio es el “último eslabón de una larga cadena de fracasos”.

En este sentido, recalca que la solución a este problemática es “social, no policial”, pero que como conseller de Interior tiene una “responsabilidad”.

En noviembre del año pasado Elena ya anunció lo que es toda una cesión a los antisistema, asegurando que los nuevos métodos serán más «sociales», para garantizar la activación de los servicios sociales en casos de familias vulnerables, aunque seguirán enviando a las unidades antidisturbios como último recurso ante desahucios considerados de riesgo. Y siempre con orden judicial.

Los Mossos potencin ahora su mirada social para saber qué se encontrarán cuando vayan a un desalojo, para garantizar así la activación de los servicios sociales en caso de familias vulnerables, y establecerán tres niveles de riesgo en sus operativos, de forma que, como último recurso, se seguirá activando a la unidad antidisturbios.

Es uno de los puntos del acuerdo entre ERC y la CUP para la investidura de Pere Aragonès -que ambas partes dieron ya por roto- establecía la «no intervención ARRO y BRIMO en desahucios en familias o personas vulnerables», mientras que el Parlament aprobó, con el apoyo de ERC, Junts y los Comuns, una resolución que instaba al Govern a evitar «como criterio general» la participación de los antidisturbios en los desahucios de personas vulnerables. De esta manera, la CUP y también los Comuns han ganado esta batalla, en un asunto especialmente sensible para ellos.

Los protocolos establecen, en concreto, que las unidades antidisturbios no intervendrán «de oficio» a no ser que hayan sido requeridas por la autoridad judicial o cuando el jefe de dispositivo o los mandos superiores valoren que en el entorno del desalojo se pueden producir riesgos graves para la seguridad de las personas y los bienes, acciones que puedan comprometer el orden público o que dificulten o impidan la ejecución de la orden judicial. Así, todo se basará en el juicio sobre los riesgos de cada intervención.