El nuevo plan de Yolanda Díaz para que Cataluña se beneficie de la reducción de la jornada laboral

Durante la jornada de ayer, martes 6 de mayo de 2025, el Consejo de Ministros aprobó de manera definitiva la ley que reduce la jornada laboral en un total de 37,5 horas semanales, algo que no afectará en absoluto al sueldo de los empleados. Desde enero de 2024, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha estado trabajando de forma insistente en conseguir beneficiar a todos los trabajadores que no estén amparados por convenios colectivos que ya instauren este tipo de jornadas y también para aquellos que formen parte de una empresa cuyo contrato a jornada completa se sitúe por encima de las 7,5 horas diarias (37,5 semanales).

Desde esa fecha, tanto los sindicatos -UGT y CC.OO- como Trabajo comenzaron a entrar en negociaciones para llegar lo antes posible a un posible entendimiento. En el mes de diciembre del año pasado, terminaron acercando posturas y pactaron un acuerdo, el cual fue aprobado en primera instancia en febrero de 2025 en el Consejo de Ministros tras varias discusiones entre el Ministerio de Economía y el de Trabajo. Sin embargo, a Yolanda Díaz se le presenta un grave conflicto que podría frenar sus objetivos.

La falta de apoyos y la negativa de Junts

La situación en el Congreso de los Diputados no beneficia en absoluto a la vicepresidenta segunda, quien ha presumido de haber "ganado en la calle" el debate de la tan ansiada reducción de la jornada. La falta de apoyos y la negativa por parte de Junts per Catalunya es evidente, y más con el anuncio de una enmienda frente a esta ley. Sin embargo, Yolanda Díaz sigue creyendo en que hay "margen para la negociación".

La portavoz del partido independentista, Míriam Nogueras, ha asegurado en el Congreso que se trata de una reforma que es un ataque a los autónomos y las pymes catalanas, lo cual es casi todo el tejido empresarial de Cataluña. Además, ha insistido en que tan solo se han tenido en cuenta a los sindicatos estatales, dejando de lado a la patronal y a los sindicatos catalanes. Por ello, el objetivo de Junts es claro, conseguir una adaptación específica para la comunidad.

Por su parte, Yolanda Díaz a sido tajante y ha asegurado que "nadie se atreve a decir en abierto: me opongo. Buscan subterfugios, pero nadie se atreve a decir que está en contra de esta norma y cuando no se atreven es porque esta norma está ganada en la calle". Incluso, ha insistido en el Congreso que romper algo que ya está ganado en la calle sería "una responsabilidad enorme".

Junts llama a la puerta del Gobierno para negociar

El partido de Carles Puigdemont ha anunciado que esta modificación perjudicará económicamente a las pequeñas y medianas empresas, las cuales también pueden llegar a ser sancionadas. No suponiendo ninguna mejora en cuanto a los salarios de los trabajadores, Nogueras advierte que la norma está redactada de tal manera que se podrían en riesgo la supervivencia de muchas entidades, por lo que los empleados tampoco saldrían ganando en este sentido.

Por ello, desde Junts se pretende llamar al Gobierno a unas negociaciones que se adecúen más a sus intereses, donde se tengan en cuenta a los agentes sociales y económicos de Cataluña y a la distinción de su tejido productivo. La pelota ahora no está en el tejado del PP como cuando sí lo estuvo durante el proceso de la reforma laboral, sino que está en el tejado de los independentistas, y la ministra de Trabajo y Economía es consciente de ello.

Díaz ha declarado que "Cataluña es un motor de arranque de nuestro país. La adaptación al marco catalán tiene que ver con un tejido empresarial propio, con la singularidad de las empresas catalanas". Esto podría tratarse del comienzo de un acercamiento entre la fundadora de SUMAR y Junts, pero todo puede pasar ya que a día de hoy no hay un acuerdo final.

¿Cuándo entra en vigor la reducción de jornada laboral a 37,5 horas?

Con la aprobación en el Consejo de Ministros, la reforma ahora tendrá que pasar por el Congreso de los Diputados, donde habrá que tomar una decisión parlamentaria que requiere de la aprobación de una mayoría. No obstante, ante enmiendas como las de Junts, la reducción de la jornada no está tan cerca. Se estima que el Gobierno no podrá aplicar jornadas de 37,5 horas hasta pasado el final del verano de 2025.