Reabren la causa por malversación en la consulta independentista del 9-N de 2014

La Audiencia de Barcelona ha ordenado reabrir una investigación judicial por presunta malversación en la consulta del 9N, en 2014, que el Juzgado de Instrucción 18 había archivado.

Fuentes jurídicas han explicado que la jueza archivó esta pieza porque la causa del 9N ya descartó este delito: la causa se instruyó por presunta malversación pero el juicio contra el expresidente Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsellera Irene Rigau se abrió por desobediencia, delito por el que fueron condenados en 2017.

La Fiscalía se opuso a la decisión de Instrucción 18 de archivar esta pieza y ahora la Audiencia de Barcelona ha aceptado el recurso de la acusación pública, una decisión que las defensas no pueden recurrir, de manera que el caso volverá a investigarse.

Esta investigación forma parte de la causa en la que la jueza instructora indaga sobre si una decena de excargos del Govern usaron fondos públicos para promocionar la independencia en el extranjero, y entre los investigados están el exconseller Raül Romeva y el entonces secretario general del Diplocat Albert Royo.

En un tuit, Royo ha hecho referencia a la fianza que se le ha impuesto por este caso: “Me han impuesto fianzas de millones de euros y por duplicado por unos mismos hechos, me reclaman 250.000 euros en el juzgado 13 por el 1-O y centenares de miles de euros por el trabajo hecho en el Diplocat entre 2013 y 2017. Ahora no nos pondremos nerviosos por 60.000 euros de más por el 9N”.

“Lo que más les molesta es que hubiéramos explicado al mundo qué es Cataluñaa y por qué quería votar sobre su futuro político en un referéndum. Ahora buscan un castigo ejemplar, para que no se nos ocurra volver. Barra libre contra los catalanes. Nos veremos en Estrasburgo”, ha añadido Royo.

En su momento, un juez de Barcelona apreció indicios de los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos en la actuación de los responsables de la Generalitat y los funcionarios públicos que no acataron la suspensión del Tribunal Constitucional (TC) de la consulta soberanista en Cataluña. El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona, Gonzalo de Dios, sostuvo en una resolución firmada ayer que esas conductas «que pudieran tener» relevancia penal «deben ser y serán investigadas por los órganos de la Administración de Justicia que resulten competentes».

El magistrado Gonzalo de Dios sí vio indicios de delito, aunque, a instancias de la propia Fiscalía, rechaza –como le pedían en tres denuncias Marcos Sánchez Siles, concejal del PP en Esplugas; Robert Hernando, edil de Plataforma per Catalunya en Igualada, y el portavoz de UPyD en Cataluña, Ramón de Veciana– el cierre de los locales públicos utilizados para la votación, la incautación de las urnas y papeletas y la detención de los supuestos autores de esos delitos, medidas que los denunciantes consideraban «urgentes». A este juzgado –como a otros de Barcelona, Tarragona, Manresa y Badalona– llegaron ayer una docena de denuncias de representantes políticos y ciudadanos de a pie reclamando medidas similares, que en todos los casos fueron rechazadas.