
Encuesta
Los votantes del PSC y de sus socios le dan un "suficiente" a la gestión del Govern de Cataluña
Los catalanes suspenden su gestión en las relaciones Cataluña-España, el impulso de la economía, la seguridad ciudadana y la lucha contra el cambio climático

La nota media que la población otorga a la gestión del Govern es de un 4,8, por debajo del aprobado, a pesar de que el 60% afirma aprobar su desempeño, según los datos del Centro de Estudios de Opinión (CEO) sobre la valoración del gobierno catalán y las políticas públicas en 2024.
Los datos muestran que ni siquiera los electores del PSC, partido de gobierno, y sus socios de investidura, ERC y Comunes, le otorgan una nota especialmente destacada. Los votantes socialistas califican la gestión con un 5,8, los de ERC con un 5,7 y los de Comunes con un escueto 5,0. Por su parte, los votantes de Junts le otorgan un 4,9, mientras que la valoración general de la población se queda en un 4,8. En el resto de formaciones, la Generalitat suspende: CUP 4,4, Vox y PP 4,0 y Aliança Catalana 3,4. Cabe decir, sin embargo, que la encuesta también incluye a la gestión del gobierno de Pere Aragonès.
Suspensos y aprobados justos en la gestión por ámbitos
El análisis por ámbitos evidencia que la ciudadanía no está conforme con la gestión de la Generalitat en aquellos temas en los que Illa aseguró querer marcar un punto de inflexión con respecto a la gestión de los gobiernos procesistas. Y es que este ejecutivo, desde el primer día, se ha marcado como prioritarias carpetas como la lucha climática, la normalización de las relaciones entre Cataluña y España o el convertir de nuevo a Cataluña en el motor económico de España.
Pues bien, según los datos del CEO, en la lucha contra el cambio climático la ciudadanía le otorga un 4,6, en impulso en la economía y las empresas un 4,6, en la lucha contra la pobreza y exclusión 4,3, un 4,2 en las relaciones Cataluña-España, y un 4,2 en seguridad ciudadana.
Aprueban su gestión, eso sí, en la promoción de la cultura y el catalán, con un 5,6 y en el tratamiento de servicios públicos como el transporte, las infraestructuras, la sanidad y la enseñanza, con un 5,2.
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