La CEV pide compensaciones por la “especial situación” que vive la Comunitat

La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) espera que la administración tenga en cuenta “la especial situación” de la Comunitat Valenciana, donde por motivos de salud pública se han aplazado las Fallas y la Magdalena, y establezca medidas concretas para compensar a los sectores más afectados.

La decisión adoptada respecto a estas fiestas se traducirá en "numerosas pérdidas" para el turismo, la hostelería y el comercio, que se sumarán a otros sectores que han sufrido o están sufriendo las consecuencias de la crisis del coronavirus, según ha indicado en un comunicado.

La patronal ha lamentado el aplazamiento de las fiestas de las Fallas, en Valencia, y de la Magdalena, en Castellón, pero entiende que una medida de tal magnitud se adopte por motivos de salud pública tras las recomendaciones de Sanidad en ese sentido, que debe primar sobre cualquier consecuencia económica que pueda derivarse.

La CEV propone que además de las medidas anunciadas se incluyan otras de ámbito laboral, fiscal y económico para paliar el impacto del coronavirus.

En el laboral, reclama la elaboración de una guía interna de actuación empresarial frente al coronavirus que clarifique el procedimiento ante situaciones de trabajadores que presenten síntomas, estén en contacto con positivos o den positivo.

Clarificar procedimientos sanitarios y de Seguridad Social ante contingencias relacionadas con la enfermedad, elaborar planes de contingencia para empresas y facilitar con bonificaciones o eliminación de las cotizaciones de la Seguridad Social la contratación temporal para tratar de sustituir a las personas infectadas/aisladas son otras propuestas.

También que se considere hora extraordinaria por fuerza mayor de las previstas en el artículo 35.3 del Estatuto de los Trabajadores de todas aquellas actividades realizadas tanto en el centro de trabajo de origen como en el lineal para solucionar los problemas de desabastecimiento en el sector predominantemente alimentario.

La CEV pide que se ponga a disposición del sistema público de salud los recursos humanos y materiales de las entidades colaboradoras del sistema público de salud y de las entidades privadas para la realización de pruebas diagnósticas gratuitas a aquellos trabajadores sobre los que exista sintomatología sospechosa de Covid-19.

En el terreno fiscal, plantea la supresión de todas las subidas fiscales anunciadas, el aplazamiento de los pagos a la Seguridad Social sin recargos, así como el del impuesto sobre Sociedades (en cuanto a aplazamiento, reducción a empresas afectadas, o deducción específica de los gastos generados por el Covid-19), además de la ampliación del plazo (finalizó en febrero) para la opción de cálculo de pago fraccionado a cuenta del impuesto.

En otros impuestos como el IRPF, el IVA, el IAE y el IBI pide el aplazamiento sin recargo de los pagos o retenciones a cuenta, o una reducción para los sectores más afectados en el caso del IBI.

También en el caso de terrazas, se reclama el aplazamiento del pago y reducción de la tasa para el sector hostelero, además de flexibilizar las obligaciones formales en presentación de trámites administrativos.

La CEV propone que se faciliten líneas de crédito/liquidez con subvención de tipo de interés por el ICO y el IVF, y que se aplacen sin penalización los vencimientos con bancos o aplicación de carencias que se traspasarían al final de la vida del crédito/préstamo.

En general pide líneas de subvención específicas para empresas afectadas, ayudas a las empresas para el establecimiento de medidas técnicas que permitan el teletrabajo y las reuniones por videoconferencia y que se actualicen los pagos pendientes de las distintas administraciones públicas a las empresas.

En cuanto a los sectores, debe haber protocolos de actuación que permitan a las empresas la continuidad de producción y servicios, y apoyo institucional a la diversificación de mercados.

La CEV opina que no se deben generar más alarma que desestabilice aún más la economía ni genere problemas de desabastecimiento, y exige que se aclaren los criterios por los que se podrían adoptar medidas extremas como ordenar el cierre de una instalación productiva.