Gabriela Bravo

Bravo asegura a los médicos que el derecho a la salud primará sobre la obligación de saber valenciano

Se compromete a que habrá el colectivo sanitario tendrá una regulación específica

La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo
La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela BravoAna EscobarEFE

La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha trasladado este viernes un mensaje tranquilizador a los sanitarios sobre la futura ley de Función pública y ha reiterado que “el derecho a la salud y la atención sanitaria primará sobre capacitación lingüística”.

Bravo se ha reunido este viernes con la presidenta del Colegio de Médicos de Valencia, Mercedes Hurtado, para informarle de las novedades de la ley de Función Pública sobre la acreditación de la capacitación lingüística para la incorporación de nuevos funcionarios y funcionarias.

La consellera ha explicado que la ley recoge que la acreditación de la capacitación para el personal público se hará de forma proporcional y adecuada al puesto de trabajo que se desempeñe, y ha precisado que, a través de un reglamento específico, se regulará de forma diferenciada la acreditación lingüística para el personal sanitario.

Bravo ha insistido en que el derecho a la salud y la atención sanitaria siempre primará sobre cualquier cuestión relacionada con la capacitación lingüística, y ha insistido en que lo que se busca es conjugar el derecho de los ciudadanos a manifestarse en cualquiera de las dos leguas oficiales en su relación con la Administración y con el derecho a la salud.

Ha recordado que la acreditación de la competencia lingüística no entra en vigor de forma inmediata, sino que tal y como contempla la ley se desarrollará a través de un reglamento, el cual incluirá las singularidades propias del sistema sanitario valenciano.

La acreditación de la capacitación será necesaria para las nuevas incorporaciones por medio de ofertas públicas de empleo, pero no afectará a los funcionarios que ya trabajan en la Administración valenciana, y las fórmulas para determinar esa acreditación se regularán en el reglamento, según un comunicado de la Conselleria.