Transparencia y Anticorrupción

¿Cómo han reaccionado los organismos de la Generalitat, creados al efecto, para investigar lo sucedido con la subsecretaria de Sanidad, Mónica Almiñana, para que el Juzgado la imputado? ¿La tan flamante y cacareada Conselleria de Transparencia ha abierto algún expediente sobre los hechos que dieron lugar a la querella por parte del Grupo Ribera Salud por un supuesto delito de prevaricación administrativa?.

Son algunas de las preguntas que plantea mi amigo Rogelio en torno a la decisión de Almiñana de ampliar el plazo para presentar ofertas en un concurso público de servicios informáticos del Hospital de la Ribera dos días después de vencer el plazo inicial, y volvió a ampliarlo varios días después, esta vez sin publicar ninguna resolución, cuando la Ley de Procedimiento Administrativo afirma expresamente que «en ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido».

Rosa Pérez, titular de la pomposa Conselleria de «Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática» debe decir si los hechos se produjeron, si «por casualidad» se alteraron las fechas o el procedimiento. Su responsabilidad es analizar a fondo y obrar en consecuencia, con independencia del proceso judicial. Como si se tratara de un caso relativo al PP. ¿Quién mejor que ella?.

¿Qué ha hecho el otro organismo, tan suntuoso como el anterior: la «Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat», adscrita a Les Corts. ¿Qué reacción hubiera tenido si el pestilente «affaire» afectase a alguien del PP, Ciudadanos o Vox? ¿ha abierto expediente por si Ribera Salud ha sido perjudicado?

Por último ¿se apartará Mónica Almiñana del cargo antes de que la aparten, como le sucedió con la Gerencia del Hospital La Fe?. Así es la vida.