Antifraude reclama a Ribó 91.000 euros pagados a dedo e indebidamente

La Agencia Valenciana Antifraude ha detectado un sobrecoste de 91.908 euros en la contratación del servicio de comedor de los Centros Ocupacionales Municipales Isabel de Villena, Grabador Planes y Juan de Garay, y pide al Ayuntamiento de Valencia que «resarza al erario municipal para evitar el menoscabo de caudales o efectos públicos y las posibles responsabilidades que de ello se pudieran derivar. Así mismo deben depurarse las responsabilidades de todo tipo que corresponda del personal y autoridades al servicio de las administraciones públicas».

La contratación ahora denunciada se hizo «a dedo» y «fuera de los procedimientos legalmente establecidos» entre los años 2017 y 2020.

Además, si en el periodo 2015-2017, el precio unitario del menú era de 3,70 euros, durante el periodo en el que se adjudicó el servicio a dedo, se pagaron 8,03 euros por cada menú, «lo que provocó un menoscabo de las arcas municipales de 91.908 euros (iva incluido)».

Inicialmente, la delegación de Servicios Sociales que depende de Compromís, adjudicó los menús en noviembre de 2015 a 3,70 euros, pero tras las quejas de los usuarios, el Ayuntamiento no prorrogó el contrato y pasó a prestar el servicio a partir de octubre de 2017 la empresa de catering Novaterra, que sirve los menús un 117 por ciento más caros.

Posteriormente, la concejalía de Servicios Sociales convocó el 7 de noviembre de 2019 un procedimiento de contratación abierto en cuyas condiciones se fijaba un precio de los menús de 6,72 euros, importe que fue cuestionado por el Servicio Económico Presupuestario que fijaba el precio en 4,07 euros. Finalmente, el Servicio de Bienestar Social aprobó el precio de 6,72 euros por menú.

Antifraude describe que el importe total pagado por el Ayuntamiento a Novaterra durante dos años y cuatro meses fue de 534.605 euros y que «en cada una de las facturas pagadas no se habría seguido el procedimiento legalmente establecido»

Comunicadas estas irregularidades al Ayuntamiento, éste reconoce que la «formula empleada puede no resultar las más ortodoxa en la aplicación de la literalidad de la Ley», efectivamente la «moción-encargo» es el acto, como ya indicó la Agencia en su informe provisional, que genera la actuación administrativa no ajustada a Derecho y el correlativo enriquecimiento injusto.

Éste es el único reconocimiento que hace el Ayuntamiento, ya que el resto de alegaciones tratan de echar por tierra la investigación de Antifraude, a quien acusa de ser «excesivamente formalista y rigorista».

Justifica el Ayuntamiento que «se ha actuado en atención al interés publico porque se ha buscado prestar un servicio público en buenas condiciones para los usuarios, un buen servicio publico» y dice que si alguien se ha enriquecido injustamente “será la empresa que cobraba los menús a 3,7 euros por no haber dado un servicio de calidad»