El PP recurrirá el convenio con Escola Valenciana que Antifraude consideró irregular

La portavoz del Grupo Popular, María José Catalá, ha informado hoy que “el PP ha pedido en una comunicación oficial al Gobierno municipal que se retire del orden del día de la Junta de Gobierno la aprobación del convenio con Escola Valenciana al considerarlo Antifraude que no está justificado el interés público”

Catalá ha anunciado que el PP presentará un recurso de reposición si finalmente Ribó y el PSPV aprueban el convenio de Escola Valenciana para el año 2020 y presentará también reclamaciones al Presupuesto para que se paralicen las ayudas a dedo que Antifraude considera no justificadas a entidades catalanistas

La resolución de la Agencia Antifraude sobre la subvención a Escola Valenciana del 17 de noviembre “deja en evidencia la voluntad política del Ribó y el PSPV de favorecer a entidades catalanistas que utilizan el dinero público para fines en los que no están justificados el interés general”

Antifraude deja claro en su dictamen que hay más entidades que fomentan el uso del valenciano que podían haber optado a estas ayudas del Ayuntamiento, pero que han quedado excluidas porque no se utilizó un procedimiento abierto para su adjudicación.

Desde que gobiernan Ribó y el PSPV en el Ayuntamiento, distintas entidades vinculadas al catalanismo han recibido más de 400.000 euros de fondos públicos. Al respecto Catalá ha declarado que “Ribó tiene que dejar de regar con dinero público a entidades que están a favor del expansionismo e independentismo catalán. Es necesario poner un dique de contención a estas entidades que actúan de manera opaca y que además también, alguna de ellas, cuentan con financiación de la Generalitat de Cataluña”.

Por último, ha señalado que “esta resolución confirma irregularidades graves del gobierno municipal, y esperamos que, esta vez, se asuman responsabilidades y se atienda al dictamen de la Antifraude, porque de manera reiterada el gobierno de Ribó y PSPV hace caso omiso a las resoluciones de la Agencia Antifraude, Consell de Transparencia y Síndic de Greuges.