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Antifraude desvela que los contratos de Francis Puig investigados ascienden a 530.000 euros

La Agencia publica las resoluciones de finales de investigación

El director de la Agencia Valenciana Antifraude, Joan Llinares
El director de la Agencia Valenciana Antifraude, Joan LlinaresI. CABALLER/CORTSI. CABALLER/CORTS

El director de la Agencia Valencia Antifraude, Joan Llinares, ha informado hoy de que la cifra económica de los expedientes de contrataciones de la Generalitat Valenciana adjudicados a Francis Puig, hermano del presidente Ximo Puig, y que están bajo investigación judicial, asciende a “entre 520.000 y 530.000 euros”.

Llinares ha contestado así a la pregunta formulada por el diputado Fernando Pastor (PP), en su comparecencia ante el Parlamento para presentar la memoria de 2019 de la institución que preside.

Además, Llinares ha anunciado que la Agencia ha publicado en su página web las 51 resoluciones finales de investigación que ha realizado desde que comenzó su andadura en el año 2017.

Según ha informado la AVAF, esta memoria se presentó en el registro de Les Corts Valencianes el 30 de marzo de 2020, dentro del plazo legalmente establecido, a pesar de las dificultades que supuso su finalización debido a la situación de confinamiento que se vivía en aquellos momentos en el país.

Durante su intervención ante la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda, Llinares ha hecho un recorrido por la actividad desarrollada por la Agencia durante el año 2019 en lo que respecta a las áreas de prevención y formación, análisis jurídico y protección de las personas denunciantes, y análisis e investigación.

Ha sido en este último punto cuando Llinares ha anunciado que la Agencia ha publicado todas sus resoluciones finales de investigación, las cuales están disponibles en la página web para su consulta pública.

Se trata de un total de 51 resoluciones, de las que ocho corresponden al año 2017; 14 al año 2018 y 29 al año 2019.Estas resoluciones se han sometido a un proceso de anonimización previo para preservar la identidad y los datos personales de las personas que aparecen en dichas resoluciones.