Cerca de 200 familias se ven afectadas por el cierre del Punto de Encuentro Familiar de Valencia

El pasado jueves 1 de julio todo el personal del Punto de Encuentro Familiar (FEP) de la ciudad de Valencia se manifestó en la puerta del centro cuando supo que no podría acceder a sus puestos de trabajo debido al cambio de gestión del centro, que pasó de estar en manos del Ayuntamiento a las de la Generalitat justo el día anterior, dejando sin el régimen de visitar a cerca de 200 familias. Por tanto, todos los menores que se disponían a obtener un servicio por parte del centro se han visto perjudicados desde este día y tanto el grupo de profesionales de confianza que les acompaña usualmente como la asistencia que recibían se ha visto modificada.

En la mañana de este lunes, tres representantes de Comisiones Obreras (CCOO-PV) del área pública de Valencia han comparecido en rueda de prensa con motivo de actualización y denuncia de los efectos del cierre del Punto de Encuentro, tras previas reuniones realizadas entre este organismo y la Generalitat.

Soledad Fernández, secretaria general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, Pepe Torres, responsable de la sección sindical del Ayuntamiento de Valencia, y Toni Jiménez, responsable de la Federación de Enseñanza, han comunicado su “absoluto” desacuerdo con el modelo de gestiónlaboral que afecta directamente al personal del centro y que produjo el jueves pasado el despido “en vivo y en directo” de los trabajadores cuando no se les permitió entrar al centro, creado hace ya 20 años.

Tal y como ha señalado Fernández, ya en la inspección de trabajo de 2018 se interpuso una denuncia en la que se declaraba que el personal del centro que poseía su contrato con un convenio entre el Ayuntamiento de Valencia y diversos colegios profesionales eran falsos autónomos, por lo que se estaba llevando a cabo una relación laboral encubierta. Fue entonces cuando el Ayuntamiento de Valencia decidió que la gestión del centro pasaría a manos de la Conselleria, según ha apuntado Torres.

Pese a que el Ayuntamiento prescindiera del recurso y anunciara que se debería asumir por la Conselleria, la administración autonómica comunicó en 2019, casi dos años después, el desconocimiento de esta decisión, y segúnJosé Gabriel Ortolá, abogado trabajador en el centro, la Conselleria también negó las condiciones laborales de las 14 personas trabajadoras y su existencia. Así, la organización sindical insiste en la clara falta de comunicación entre ambas administraciones, la local y la autonómica, que ha generado que los trabajadores y trabajadoras queden a merced de nadie. “Llevamos tres años advirtiendo de esta situación y nunca hemos obtenido una respuesta concreta”, declaran.

Pero el gran olvidado de toda este acontecimiento es el colectivo de familias que ha sido privado del “derecho fundamental que implica el régimen de relación y visitas” y salpica alrededor de 200 núcleos familiares, indica Ortolá.

La plantilla del centro denuncia una “falta de sensibilidad” y “maltrato a un recurso de interés público y social”, como es la mediación entre los niños y niñas y sus familias. Y habla de una “evidente actuación negligente por parte de las administraciones”, no solo por las relaciones laborales del personal, si no por el “problema irreparable generado sobre las familias desasistidas”, debido a que “la labor con menores requiere un seguimiento continuo”.

Muchas empleadas dudan que el servicio ofrecido este fin de semana pasado haya sido el adecuado, pese a que la Generalitat haya confirmado haberlas realizado “de forma general”.

El Ayuntamiento manifestó que su gestión finalizaba el 30 de junio, y que el día 1 de julio las competencias estarían en manos de la Generalitat. Sin embargo, el pasado jueves, en medio de toda esta desorganización, fue la administración local la que decidió que el personal del centro social no entraría a trabajar en el interior del centro.

La “falta de previsión” que tanto el consistorio como la Generalitat han llevado a cabo ha imposibilitado una solución para esta situación desde el inicio. En la reunión de esta mañana, Conselleria ha prometido coordinarse con el Ayuntamiento de la ciudad de Valencia para poder reparar este episodio que ha dejado desamparadas a las familias de los menores y el personal.