Trenzano declara que se hicieron los controles necesarios a las ayudas al hermano de Puig

El director general de Política Lingüística de la Generalitat, Rubén Trenzano, ha asegurado que se hicieron los controles necesarios que eran exigibles en ese momento en las subvenciones de su departamento y no hubo ninguna irregularidad en las subvenciones a las empresas de Francis Puig.

Trenzano ha declarado este martes en la Sección Quinta de la Audiencia de Valencia por un delito de falsedad documental en relación a la contestación mediante una carta a la diputada del PP Eva Ortiz, que ejerce la acusación popular, sobre la concesión de subvenciones a la promoción del valenciano.

Trenzano, a su llegada a la Ciudad de la Justicia acompañado de la coportavoz de Compromís, Águeda Micó, ha defendido que actuó “desde la legalidad, el compromiso con la administración pública y el trabajo constante de la Conselleria” y ha expresado su confianza en la justicia, y en la independencia y profesionalidad de esta.

Las irregularidades que se le imputan “nunca las he cometido”, ha asegurado Trenzano, para insistir en que siempre trabaja “desde la transparencia, apoyado por técnicos funcionarios de la Conselleria que se dejan la piel día a día y para ofrecer un buen servicio público a los ciudadanos”.

La defensa del director general ha pedido, al inicio de la vista, el sobreseimiento del proceso para evitar uso fraudulento de la acusación popular, una cuestión que el abogado de Eva Ortiz ha rechazado con el argumento de que no se puede pretender vaciar el contenido de la acusación popular y de que Ortiz es una persona física. La peticiòn de sobreseimiento ha sido rechazada por la Sala.

El PP denunció en su momento que Trenzano había mentido en un acto administrativo, cuando en abril de 2018 afirmó en una resolución que se había hecho el control correspondiente de las ayudas dadas en 2015 y 2016 a Mas Mut Producciones y Comunicació dels Ports, vinculadas al hermano del president Ximo Puig (un asunto que se investiga en otro juzgado) y que no había evidencias de irregularidades.

Esta explicación daba respuesta a la carta que Eva Ortiz remitió a la Dirección General de Trenzano en febrero de 2018 en la que hablaba de irregularidades en esas subvenciones, pero no las concretaba, según Trenzano.

En el momento de los hechos, el jefe de servicio (Vicent Tortosa) y la subdirectora (Nathalie Torres), tras “sorprenderse” por la llegada de esta carta al ser el procedimiento habitual la petición de documentación a través de la Mesa de Les Corts, comprobaron que no había ninguna irregularidad y que se habían hecho los controles necesarios, según ha explicado el director general y han corroborado ambos en su declaración posterior como testigos.

Luego se incrementaron los controles

Los planes de control se hicieron obligatorios a partir de 2017 -se hacían de forma aleatoria y después se introdujo el factor por riesgo, con un plazo de cuatro años para poder realizarlo-, con posterioridad a las subvenciones que afectan a Francis Puig, según ha explicado Trenzano, quien ha asegurado que no tiene ninguna relación con los hermanos del president de la Generalitat, Ximo Puig.

La Fiscalía considera que no existe delito alguno y pide se declare la absolución del acusado, considera que la querellante ha actuado con mala fe para aparentar falsamente que se había faltado a la verdad, y ha pedido que se restaure el honor de Trenzano.

Al finalizar la vista, el director general ha comentado que el proceso ha sido “un gran sufrimiento” para él.

La acción popular ha pedido una pena de seis años de prisión para Trenzano, mientras que la defensa del acusado ha pedido su absolución. El juicio ha quedado visto para sentencia.