Polémica por la advertencia de Compromís a los comercios que no atiendan en valenciano

Volverán a los tribunales. Si la propuesta para modificar la Ley del Estatuto de las personas consumidoras y usuarias de la Comunitat Valencianaimpone la obligación de que en los comercios se atienda en valenciano, el PP acudirá a la Justicia para evitar «un nuevo atropello a la libertad lingüística».

La portavoz del PP en Les Corts, María José Catalá asegura que tratará de frenar esta iniciativa en el Parlamento valenciano y si prospera acudirá a la vía legal, como ya hizo con el Decreto de Oficina de Derechos Lingüísticos, pendiente aún de sentencia. «No vamos a consentir esta imposición que penaliza a los comerciantes que empleen el castellano, que es lengua cooficial en la Comunitat Valenciana».

La formación que lidera Mónica Oltra argumenta que la discriminación solo se produce contra el valenciano. «Ante los ataques y ante los últimos casos de discriminación que se han vivido en nuestro país, tenemos que fortalecer los mecanismos para garantizar los derechos lingüísticos de los valencianos y valencianas, para no ser objeto de ninguna situación de vulneración ni discriminación por el hecho de hablar nuestra lengua», defendió la portavoz adjunta de Compromís, Mònica Álvaro.

Proponen modificar la Ley ampliando la redacción del artículo 8.1 con el objetivo de mejorar los aspectos que no están clarificados para garantizar los derechos lingüísticos de los consumidores. «El fin de semana pasado en un restaurante de Gandia se negaron a servir a una persona por pedir en valenciano y también le negaron poner una reclamación».

El problema, insisten desde Compromís, es que la aplicación de la norma tiene «limitaciones a la hora de hacer efectivos los derechos lingüísticos en el ámbito del comercio y consumo, en cuanto a la capacidad de la administración de aplicarla y aquello que comporta».

Rechazo en Benidorm

El anuncio ha encontrado el rechazo del sector turístico de Benidorm. Las asociaciones Abreca, Cobreca, Aico, Aptur-CV y Jovempa, consideran que estas actuaciones se deben realizar «sin imposiciones» para que cada establecimiento atienda en los idiomas que crea convenientes según el cliente al que quiera intentar vender su producto o servicio».

«Todo lo demás es una imposición artificial y retrógrada por parte de la Administración publica» y recuerdan que «son empresas privadas y no cortijos de los políticos». Así mismo, insisten en que la gran mayoría de sus clientes son extranjeros y personas provenientes del resto de España.