El fiscal pide cuatro años de prisión y 100.000 euros de multa a 45 exconcejales y asesores del Ayuntamiento de Valencia por blanqueo

Para Alfonso Grau, la pena solicitada asciende a quince años

El exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, en una imagen de archivo
El exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, en una imagen de archivo

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido cuatro años de prisión y cien mil euros de multa para cada uno de los 49 imputados en las causa conocida como “del pitufeo” y que afecta a exconcejales y exasesores del PP en el Ayuntamiento de Valencia. En el caso de los imputados Alfonso Grau y Maricarmen García Fuster, organizadores de los cobros, la pena por el blanqueo de capitales solicitada sube a seis años de prisión.

La Fiscalía imputa los delitos de blanqueo de capitales, continuado de malversación y continuado de cohecho, si bien a los denominados “pitufos” solo les imputa el de blanqueo. También imputa blanqueo al Partido Popular para el que pide multa de 146.000 euros. El delito de malversación se lo imputa a Alfonso Grau, Eduardo Santón Moreno, y José Salinas Novella y les pide cinco años más de prisión.

Por último, imputa dos delitos de cohecho a Alfonso Grau y Maricarmen García Fuster y les pide por ello cuatro años de prisión más.

La pena solicitada más importante es la de Alfonso Grau, urdidor de la trama según el fiscal y para el que pide quince años de prisión en total, aparte de las correspondientes inhabilitaciones.

El germen de esta pieza judicial tiene su origen en el conocido como caso Imelsa, que se destapó al descubrir irregularidades en la gestión de la empresa pública del mismo nombre, dependiente de la Diputación de Valencia, y se ha extendido hasta desarrollarse en una decena de piezas en las que se investigan corruptelas en el Ayuntamiento, la Diputación y la Generalitat durante sucesivos gobiernos del PP.

La investigación, según detalla el fiscal, “ha permitido desentrañar una operativa criminal de entregas de dinero por empresarios con fuerte vinculación contractual con el Ayuntamiento de Valencia, así como el desvío de fondos públicos provenientes de fundaciones creadas en el seno de dicho Ayuntamiento”.

También “la obtención y disposición de dinero en metálico de procedencia ilícita vinculada a dádivas, premios, gratificaciones o regalos que eran entregados en consideración a las funciones que desempeñaban altos funcionarios y dirigentes del PP, gestionados en parte en efectivo y en parte a través de una cuenta que permanecía oculta a cualquier control financiero del PP o de la Intervención”.

Estas operativas permitieron, supuestamente, al PP de València presentarse a las elecciones municipales de los años 2007, 2011 y 2015 abonando gastos electorales al margen de la contabilidad oficial, la que supervisaba el Tribunal de Cuentas.

El fiscal detalla en un extenso escrito toda la operativa que supuestamente siguieron los máximos responsables del PP municipal en los tres citados periodos electorales para la recaudación de donaciones ilícitas a empresarios contratistas del Ayuntamiento, o el desvío de fondos de empresas y fundaciones financiadas en su totalidad por las arcas públicas.

Todo ello, añade, “por la obtención de beneficios o contratos en el Ayuntamiento de València, dada la mayoría absoluta que ostentaba el Partido Popular, que había generado un sistemático clientelismo”.

El fiscal se refiere a Rita Barberá como la responsable de haber “colocado” al frente de las finanzas del PP municipal a la acusada Mari Carmen García Fuster, la persona que manejó la cuenta, en la que también estuvo autorizado Alfonso Grau, que fue utilizada por los acusados “para burlar” dos leyes orgánicas, la de Financiación de Partidos Políticos y la de Régimen Electoral General.

”Dicha cuenta era empleada al antojo del grupo municipal popular y se encontraba al margen de la contabilidad del Partido Popular, y por consiguiente de cualquier fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas”, detalla Anticorrupción.

En ella se ingresaban “cantidades en metálico, unas de procedencia conocida, aunque ilegalmente ingresadas, y otras de procedencia ilícita que provenían de comisiones, gratificaciones o recompensas que aportaban personas o entidades”, apunta el fiscal, quien advierte de que el PP carecía de “un sistema efectivo de control que permitiese impedir el descontrol financiero y económico existente”.

En el periodo previo a las elecciones de 2015, “como habían venido haciendo al menos en 2007 y 2011, decidieron utilizar un mecanismo clásico en operativas de blanqueo de capitales” denominado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) como “smurfing/strucking” (“pitufeo”).Así, “emplearon a un número reducido de personas para que hiciesen aportaciones dinerarias fraccionadas (1.000 euros) para no levantar sospechas en los reguladores financieros y de esta forma poder introducir en el circuito financiero el dinero metálico proveniente de las comisiones”.

”Como es normal en este tipo de operaciones delictivas, la opacidad, el silencio se impone en los partícipes”, pero en estas elecciones (2015), “debido a los problemas judiciales que tenía (el caso Nóos), Alfonso Grau abandonó todos sus cargos en el Consistorio y el partido”.

En aquel momento la Fiscalía recibió un sobre anónimo en el que se denunció que “el nuevo recaudador, Alfonso Novo (entonces concejal en el equipo de gobierno de Barberá), está realizando dicha operativa delictiva”.

”De esta forma, bajo la apariencia de realizar una aportación voluntaria, los concejales y asesores municipales, incluyendo a Rita Barberá, fueron ingresando la cantidad de 1.000 euros en la cuenta del partido, los cuales les eran devueltos en dos billetes de 500 euros por Mari Carmen García Fuster”, lo que sucedió, según detalla el fiscal, entre los días 23 de marzo y 16 de abril de 2015